Redaccion, 29 de agosto.- El expresidente de la República, Gustavo Petro, vinculó la disputa por el contrato de pasaportes con una pelea mayor por la soberanía de los datos en Colombia y aseguró que su gobierno buscó impedir que la información de los ciudadanos quedara en manos de privados extranjeros, en medio de una revisión del esquema por parte del Consejo de Estado.
El líder político del Pacto Histórico sostuvo, además, que la Imprenta Nacional produjo 500.000 pasaportes con apoyo tecnológico de empresas públicas de Portugal y Francia, y afirmó que esa tecnología quedará en el país para prestar y exportar servicios.
En el texto que difundió en sus redes sociales, Petro presentó el caso como una controversia sobre control estatal, infraestructura tecnológica y contratación pública. Según planteó, la presión para revertir el modelo actual no responde solo a una diferencia administrativa, sino al intento de restablecer un negocio privado ligado a la expedición de pasaportes.
La denuncia del exmandatario introdujo un dato ajeno al contrato actual para reforzar su denuncia: dijo que durante el gobierno de Iván Duque se entregaron gratuitamente los datos personales y de salud de 14 millones de colombianos a la empresa Palantir, bajo el contrato de tecnología número 11.
Gustavo Petro afirmó que la dificultad de fondo, según su análisis, es el control de la información personal. “El principal problema que se cierne sobre todo el mundo es la soberanía de los datos de las personas. Quise asegurarla para las y los colombianos”, escribió.
En esa misma línea, sostuvo que su gobierno avanzó en una salida pública para la expedición de pasaportes. “En este momento la Imprenta Nacional ha hecho con el apoyo tecnológico de las empresas públicas de Portugal y Francia 500.000 pasaportes de alta calidad. Toda la tecnología quedará en Colombia, que podrá exportar servicios”, señaló.
Ese tramo de su mensaje concentra la tesis oficial del expresidente: la fabricación local no solo resolvería la emisión del documento, sino que permitiría que la capacidad tecnológica permanezca bajo control nacional. La consecuencia que plantea es directa: si ese modelo cae, el manejo del proceso volvería a depender de firmas privadas extranjeras.
Gustavo Petro ubicó la disputa en un terreno político y judicial. Dijo que “secciones de la procuraduría quieren echar para atrás el contrato y devolverlo a los hermanos Bautista (sic)”.
El exjefe de Estado colombiano fue más allá y atribuyó una motivación política al intento de revivir el contrato anterior. “Ahora tratan de revivir el contrato de pasaportes de los hermanos Bautista como forma de pago por su ayuda al fraude algorítmico hecho en 1.350 puestos de votación favor de Abelardo”, escribió.
La acusación no apareció acompañada en el texto por documentos, fechas adicionales ni detalles sobre la identidad completa de “Abelardo”. Aun así, Petro la incorporó como parte de una narrativa en la que la contratación de pasaportes, la tecnología electoral y el control de datos forman parte del mismo conflicto.
