Pekín, 21 ago.- Un tribunal de Hong Kong declaró culpables este viernes a los activistas Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung del delito de incitación a la subversión, por su participación en la desaparecida Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, organización que durante tres décadas organizó las vigilias en memoria de las víctimas de la represión de Tiananmen de 1989.
Ambos enfrentan una pena de hasta diez años de prisión, aunque el tribunal todavía no ha fijado la fecha para conocer las sentencias.
El proceso se desarrolló bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 después de las masivas protestas prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019.
La Fiscalía cuestionó los llamados a terminar con el régimen de partido único
El fallo fue emitido por un panel integrado por tres jueces designados para conocer casos relacionados con la seguridad nacional.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la Alianza había utilizado sus actividades y llamamientos públicos para incitar a la población a derrocar al Partido Comunista de China (PCCh).
Uno de los principios históricos de la organización, fundada en 1989, era precisamente promover el fin del sistema de partido único en China.
Los fiscales argumentaron que esa posición contravenía la Constitución china, particularmente después de una reforma aprobada en 2018 que estableció el liderazgo del PCCh como la “característica definitoria” del sistema fundamental del país.
También acusaron a los activistas de fomentar el “odio público” hacia Pekín y de utilizar la conmemoración de la represión de Tiananmen y la promoción de la democracia como mecanismo para impulsar la subversión del Gobierno.
La defensa reivindicó el derecho a promover la democracia
Los abogados de los acusados rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los objetivos de la Alianza constituían un ejercicio legítimo de derechos humanos fundamentales.
Chow, jurista que asumió personalmente su defensa, argumentó que defender el fin del régimen de partido único no equivalía necesariamente a intentar expulsar al Partido Comunista de su posición dirigente.
La activista sostuvo que promover una transformación democrática de la sociedad no debería ser considerado un delito.
Casi cinco años en prisión preventiva
Lee, antiguo dirigente sindical y una de las figuras históricas del movimiento prodemocrático de Hong Kong, y Chow permanecen en prisión preventiva desde hace casi cinco años.
Ambos fueron acusados junto al exdiputado Albert Ho de utilizar la Alianza para promover la subversión del poder del Estado.
Ho, que se declaró culpable en enero, lleva más de cuatro años detenido y continúa a la espera de sentencia.
Los alrededores del tribunal estuvieron bajo una fuerte presencia policial durante la lectura del veredicto. Según medios locales, algunos familiares y amigos que se encontraban en la galería pública levantaron los puños y realizaron gestos de corazón hacia los acusados.
El fin de las vigilias de Tiananmen
La Alianza organizó durante aproximadamente tres décadas la tradicional vigilia del 4 de junio en el parque Victoria, en recuerdo de las víctimas de la represión militar contra las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín.
Las autoridades prohibieron por primera vez la concentración en 2020, inicialmente bajo el argumento de las restricciones sanitarias relacionadas con la pandemia de covid-19. Posteriormente, las actividades quedaron vetadas dentro del nuevo marco de seguridad nacional.
La desaparición de la vigilia se convirtió en uno de los símbolos de la reducción del espacio para las manifestaciones prodemocráticas en Hong Kong.
La Ley de Seguridad Nacional amplió las penas por delitos contra el Estado
La Ley de Seguridad Nacional, aprobada por Pekín el 30 de junio de 2020, contempla delitos como secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, algunos de los cuales pueden ser castigados con cadena perpetua.
Las autoridades de Hong Kong defienden la legislación como una herramienta necesaria para recuperar la estabilidad y proteger la seguridad nacional.
Organizaciones internacionales de derechos humanos y varios gobiernos extranjeros, en cambio, han denunciado que su aplicación ha reducido significativamente el espacio para la disidencia política y las libertades civiles en el territorio.
