Madrid, 27 julio 2026.- La acusación popular del caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado una condena de 13 años de cárcel para ella y de seis años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez, de cara al futuro juicio con jurado popular.
Las acusaciones, encabezadas por la organización Hazte Oír, presentaron un nuevo escrito de conclusiones después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara que Gómez sea juzgada por un jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que Álvarez respondería por un presunto delito de malversación.
La nueva petición reduce las penas solicitadas inicialmente, que alcanzaban los 24 años de prisión para Begoña Gómez y 22 años para Cristina Álvarez.
La acusación mantiene sus señalamientos contra Gómez
En su escrito, la acusación solicita para Gómez dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y otros ocho años por un segundo delito de malversación no continuado.
Además, pide restricciones adicionales como la prohibición de contratar con el sector público, recibir subvenciones o beneficios fiscales durante diez años, así como una suspensión de empleo o cargo público e inhabilitación absoluta.
De forma alternativa, plantea una pena de diez años de cárcel por tráfico de influencias en relación con malversación.
Respecto a Cristina Álvarez, la acusación solicita seis años de prisión al considerarla presunta cooperadora necesaria en la malversación relacionada con el software desarrollado dentro de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Acusaciones sobre la cátedra universitaria
El escrito sostiene que la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno supuso un “giro radical” en la trayectoria profesional de Gómez y cuestiona su incorporación a la dirección de una cátedra universitaria.
La acusación afirma que Gómez asumió la codirección de la cátedra “sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento”.
También sostiene que la asesora Cristina Álvarez, cuyo salario procedía de fondos públicos, habría dedicado parte de su actividad a asuntos relacionados con proyectos privados de Gómez.
Según la acusación, no se trataría de hechos aislados, sino de una “dedicación sistemática y continuada” vinculada a actividades docentes, profesionales y empresariales.
El software y la marca vinculada al proyecto
Otro de los puntos señalados por la acusación es el supuesto uso privado de un software desarrollado dentro de la cátedra, que considera parte del patrimonio público al haber sido creado con recursos y aportaciones vinculadas a la Universidad Complutense.
El escrito afirma que Gómez habría utilizado la plataforma, marcas y dominios relacionados con el proyecto fuera del control institucional de la universidad.
Además, destaca que la marca “TSC Transformación Social Competitiva” fue registrada por Gómez en marzo de 2020, antes de la firma del convenio de creación de la cátedra.
Pedro Sánchez, entre los testigos solicitados
La acusación popular solicita que declaren alrededor de un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, al considerar relevante su testimonio por la relación con el proyecto y por el supuesto uso de la Moncloa como espacio de contactos vinculados a la actividad de Gómez.
También propone como testigos al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al empresario Javier Hidalgo y a Víctor de Aldama, implicado en el denominado caso Koldo.
El Gobierno defiende la inocencia de Begoña Gómez
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, cuestionó que un caso de tanta repercusión pública sea juzgado mediante un jurado popular, aunque afirmó confiar en que “la ciudadanía declare su inocencia”.
Saiz aseguró que el procedimiento “nunca tenía que haber comenzado” y criticó lo que calificó como una instrucción judicial anómala.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, defendió la inocencia de Gómez y afirmó que existe una “cacería” contra la esposa del presidente del Gobierno por su vínculo familiar con Pedro Sánchez.
El caso continúa generando una fuerte controversia política en España mientras avanza hacia una futura fase de juicio.
