Madrid, 3 julio.- La Agencia Tributaria ha abierto desde junio varias inspecciones fiscales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y diversas sociedades, según ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso Plus Ultra. Las actuaciones abarcan conceptos como IRPF, IVA e impuesto sobre el patrimonio correspondientes a los ejercicios entre 2021 y 2024.
En los escritos remitidos al juez José Luis Calama, las delegaciones de Hacienda en Madrid y la Comunidad Valenciana detallan que las actuaciones tienen “alcance general” y se encuentran en fase de comprobación e investigación. En el caso del expresidente y su esposa, la inspección se centra en IRPF, IVA y patrimonio, mientras que en el de sus hijas se examinan también sus declaraciones fiscales y la actividad de la empresa familiar What the Fav, que los investigadores consideran potencialmente instrumental.
Paralelamente, la Agencia Tributaria investiga el IRPF de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y también implicado en la causa, así como el impuesto de sociedades y el IVA de varias empresas vinculadas a su entorno, entre ellas Idella Consulenza, relacionada con contratos de asesoramiento vinculados a la aerolínea Plus Ultra.
El juez Calama investiga a todos ellos tras apreciar indicios de una posible red de intermediación ante organismos públicos en favor de terceros, con especial atención a la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea en 2021. Hacienda ha solicitado al magistrado que determine si debe paralizar los procedimientos abiertos por posible prejudicialidad penal, lo que interrumpiría los plazos de prescripción.
El magistrado ha trasladado la petición a la Fiscalía para que emita informe antes de decidir si las inspecciones deben continuar o quedar en suspenso mientras avanza la investigación judicial.
Además, el expresidente del Gobierno mantiene abierta otra investigación paralela por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando, tras el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una de sus oficinas, un caso que también ha motivado la intervención de la Abogacía del Estado.
Por el momento, la Agencia Tributaria insiste en que solo un mandato judicial puede ordenar la suspensión de los procedimientos inspectores ya iniciados, mientras la causa continúa su curso en la Audiencia Nacional.
