Caracas, 28 abr.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsa una profunda renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que sacude la cúpula judicial y deja fuera a magistrados estrechamente vinculados al entorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Según versiones extraoficiales, al menos una docena de los 20 magistrados del máximo tribunal abandonaría sus cargos, en su mayoría mediante jubilaciones. Entre los nombres más relevantes figuran Maikel Moreno y Elsa Gómez, ambos integrantes de la Sala Penal y señalados en distintas controversias por presunta corrupción y uso político del sistema judicial.
Moreno, quien presidió el TSJ entre 2017 y 2022, fue durante años una figura de confianza del oficialismo. Sin embargo, su salida marca un giro en el equilibrio interno del poder judicial. Sobre él pesan sanciones internacionales y una orden de recompensa emitida por Estados Unidos por presuntos vínculos con crimen organizado, sobornos y lavado de dinero.
La reestructuración también alcanza a otros magistrados con conexiones familiares o políticas con el chavismo, como Edgar Gavidia Rodríguez, vinculado al círculo cercano de Cilia Flores. Con estos movimientos, Rodríguez consolida un proceso de reconfiguración que redefine los equilibrios dentro del aparato judicial.
Reforma judicial bajo control político
La mandataria ha anunciado que esta renovación forma parte de una reforma del sistema penal orientada, según el discurso oficial, a combatir el retardo procesal, mejorar el acceso a la justicia y erradicar la corrupción.
“Vamos a consultar a los venezolanos sobre la reforma de la justicia penal”, afirmó Rodríguez, en un intento de presentar el proceso como una apertura institucional.
No obstante, analistas y sectores opositores advierten que estos cambios no implican necesariamente una independencia del Poder Judicial, históricamente alineado con el Ejecutivo.
Tensiones internas y prueba política
La salida de figuras clave del entorno de Maduro y Flores es interpretada por algunos expertos como una señal de reajuste interno dentro del chavismo, más que como una transformación estructural del sistema.
El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski subrayó la relevancia del proceso y pidió instituciones “independientes y al servicio de los ciudadanos”, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la credibilidad del sistema judicial.
Organizaciones como Provea han recordado que el TSJ jugó un papel determinante en la crisis política reciente, incluyendo decisiones que afectaron la legitimidad de procesos electorales y el equilibrio de poderes en el país.
Atención internacional
La renovación del máximo tribunal también es seguida de cerca por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, que considera al sistema judicial un elemento clave en cualquier escenario de transición política en Venezuela.
En este contexto, los movimientos liderados por Delcy Rodríguez no solo redefinen el mapa interno del poder en Caracas, sino que también se convierten en un indicador clave sobre el rumbo político del país en medio de crecientes presiones internas y externas.
