SANTIAGO, 26 feb.— Dos internos considerados de alta peligrosidad se fugaron de una prisión de la capital chilena tras salir caminando y vestidos con uniformes similares a los de funcionarios penitenciarios, informaron este jueves autoridades del país.
La evasión se produjo al mediodía del miércoles en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. Durante el conteo diario, los gendarmes detectaron que dos reclusos no se encontraban en el recinto, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.
Las primeras indagaciones establecieron que ambos permanecieron alrededor de tres horas en una zona interna antes de atravesar sucesivamente los controles y salir por la puerta principal hacia la vía pública utilizando vestimenta compatible con la de los funcionarios.
El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, calificó el hecho como “una fuga sin precedentes” y lo describió como “gravísimo” para la institución. Señaló que los antecedentes preliminares apuntan a que los prófugos habrían contado con colaboración interna, un aspecto que está siendo investigado.
Como medida inmediata, se dispuso la remoción del director regional metropolitano y de otros tres funcionarios mientras avanzan las pesquisas.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, ordenó la intervención del penal con equipos especiales y la participación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de esclarecer posibles fallas en los protocolos y determinar responsabilidades.
Las autoridades identificaron a los prófugos como Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado a cadena perpetua por feminicidio, y Tomás González Quezada, quien cumplía una pena de 16 años por delitos que incluyen homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego.
“Esperamos que estas personas puedan ser recapturadas prontamente”, afirmó el subsecretario.
El caso se produce en medio de cuestionamientos al sistema penitenciario chileno. En diciembre pasado, un megaoperativo policial permitió desarticular una red de corrupción que operaba dentro de cárceles del país, con cerca de 70 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, revelando una estructura criminal activa durante al menos tres años.
