Washington, 11 de febrero de 2026. El jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, defendió este martes ante el Congreso las tácticas empleadas por su agencia en las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump y aseguró que sus agentes no se dejarán intimidar en medio del creciente escrutinio político y social.
“Apenas estamos comenzando”, afirmó Lyons durante su declaración de apertura ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El funcionario respaldó firmemente las operaciones de deportación masiva y envió un mensaje directo a críticos y manifestantes: “Permítanme enviar un mensaje a cualquiera que piense que puede intimidarnos. Fracasarán”.
Lyons compareció junto a Rodney Scott, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, en una audiencia que se prolongó por más de tres horas y media. Es la primera vez que los tres responsables de la agenda migratoria del segundo mandato de Trump testifican desde que el Departamento de Seguridad Nacional recibió un importante aumento presupuestario el verano pasado y desde que se intensificaron las operaciones en distintas ciudades del país.
La audiencia fue convocada tras las muertes a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, durante operativos federales en enero. Los casos han generado indignación nacional y demandas de rendición de cuentas. Lyons y Scott sostuvieron que se siguieron los procedimientos operativos estándar y evitaron ofrecer comentarios detallados sobre los incidentes específicos.
El intercambio en el Capitolio fue tenso. Legisladores demócratas cuestionaron duramente las redadas y denunciaron presuntos abusos contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. El congresista Bennie Thompson, demócrata por Mississippi y miembro de mayor rango del comité, calificó la audiencia como el “inicio de un ajuste de cuentas” y afirmó que “todos los estadounidenses deberían estar indignados”. También señaló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe rendir cuentas y criticó las restricciones para que legisladores visiten centros de detención.
Por su parte, los republicanos defendieron la política migratoria del presidente y atribuyeron la actual situación a las políticas de la administración anterior. El presidente del comité, el republicano Andrew Garbarino, describió el momento como un “punto de inflexión”, aunque calificó las muertes de los dos ciudadanos como “inaceptables y prevenibles”.
Uno de los momentos más polémicos se produjo cuando el representante demócrata Tim Kennedy preguntó a Lyons si obligaría a los agentes del ICE a quitarse las máscaras durante los operativos. La respuesta fue tajante: “No”. Kennedy calificó la postura como “lamentable”. El uso de máscaras por parte de los agentes se ha convertido en un punto central en las negociaciones presupuestarias, con demócratas exigiendo mayor transparencia como condición para aprobar fondos.
Lyons aseguró que está comprometido con la transparencia y defendió el uso de cámaras corporales. Indicó que miles de agentes ya están equipados con estos dispositivos y que el programa continuará expandiéndose. La secretaria Noem anunció recientemente que todos los agentes desplegados en Minneapolis usarán cámaras corporales y que la medida se ampliará a nivel nacional conforme haya recursos disponibles.
La tensión política también alcanzó a miembros del propio Partido Republicano. El congresista Michael McCaul insinuó que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, pudo haber contribuido a escalar las tensiones en Minneapolis. Tras la muerte de Pretti, Bovino fue reasignado y el presidente envió a su zar fronterizo, Tom Homan, para asumir el control operativo en la ciudad.
En paralelo, los demócratas han advertido que podrían condicionar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional a la imposición de límites a las agencias migratorias. Los responsables de ICE y CBP advirtieron que la falta de fondos federales haría al país “menos seguro”.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la CBP ha ampliado su papel en arrestos y deportaciones dentro del territorio estadounidense, un cambio que ha generado controversia por alejarse de su función tradicional de control fronterizo.
La audiencia dejó en evidencia una profunda división en torno a la política migratoria, considerada eje central del actual mandato presidencial, y anticipa un debate aún más intenso en el Congreso en los próximos meses.