Caracas, 10 feb.- El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa permanece desde este martes bajo arresto domiciliario en su residencia de Maracaibo, capital del estado Zulia, luego de haber sido detenido nuevamente el domingo por la noche, apenas horas después de haber sido excarcelado, en un episodio que ha desatado nuevas denuncias de arbitrariedad, persecución política y falta de garantías judiciales en Venezuela.
La información fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, quien denunció públicamente que la medida constituye una forma de prisión encubierta. «Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión, y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos», expresó en un mensaje difundido en la red social X.
Pese a la gravedad de la situación, el hijo del exdiputado manifestó alivio porque la familia podrá reunirse nuevamente tras horas de incertidumbre. También agradeció al Gobierno de Estados Unidos «por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos», en una clara señal de respaldo internacional frente a la actuación de las autoridades venezolanas.
Horas de incertidumbre y detención sin explicaciones oficiales
La nueva detención de Guanipa estuvo rodeada de opacidad y confusión. Tras más de 24 horas sin información oficial sobre su paradero, su familia exigió una prueba de vida y denunció la ausencia total de notificación judicial.
Según relató su hijo, hombres no identificados, sin uniforme ni credenciales visibles, interceptaron el vehículo en el que se desplazaba el dirigente opositor y se lo llevaron por la fuerza, pese a que las medidas cautelares vigentes solo contemplaban prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.
El partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, informó posteriormente que Guanipa se encontraba en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, aunque durante horas no existió confirmación oficial, lo que reavivó las denuncias sobre detenciones extrajudiciales y desapariciones temporales como práctica sistemática del poder.
Una excarcelación efímera en un contexto de represión sostenida
Juan Pablo Guanipa, exdiputado y estrecho colaborador de María Corina Machado, había sido excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado. En sus primeras declaraciones públicas, hizo un llamado a la reconciliación nacional, pero subrayó que esta solo es posible «con la verdad» y reiteró que Venezuela «tiene derecho a ser un país libre».
Su reclusión inmediata tras esas declaraciones ha sido interpretada por sectores opositores y organizaciones de derechos humanos como un mensaje disuasorio del régimen frente a cualquier intento de articulación política o discurso crítico, incluso en el marco de procesos anunciados de excarcelación.
Excarcelaciones bajo sospecha y cifras contradictorias
El caso de Guanipa se produce en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno venezolano, cuya credibilidad ha sido puesta en duda por la falta de transparencia.
La ONG Foro Penal, referencia en la defensa de presos políticos, informó haber verificado 426 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero. En contraste, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el Ejecutivo ha liberado 897 personas desde diciembre, sin que exista hasta ahora un listado oficial verificable que respalde esa cifra.
Esta disparidad ha alimentado las críticas sobre el uso propagandístico de las excarcelaciones, muchas de las cuales —según denuncian activistas— incluyen medidas restrictivas, amenazas implícitas y detenciones posteriores, como en el caso de Guanipa.
Todo ello ocurre mientras avanza la consulta pública del proyecto de ley de amnistía, impulsado por el llamado Gobierno encargado y aprobado en primera discusión por el Parlamento, pendiente aún de un segundo debate. Para la oposición, episodios como este ponen en entredicho cualquier discurso oficial sobre apertura política o normalización institucional.