Ottawa, 9 de febrero—La decisión del Gobierno federal de Canadá de endurecer las normas de regreso obligatorio a las oficinas ha desatado una fuerte polémica, en medio de denuncias sobre el grave deterioro de los edificios públicos y acusaciones de mala gestión estatal. La Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC) calificó las condiciones laborales en muchas dependencias federales como “horrendas”, justo cuando miles de funcionarios se verán obligados a pasar más días trabajando de forma presencial.
Una directiva emitida la semana pasada establece que, a partir del 4 de mayo, los altos ejecutivos deberán acudir a la oficina cinco días a la semana, mientras que desde el 6 de julio el resto de los empleados del servicio público federal deberán hacerlo al menos cuatro días semanales. La medida ha sido duramente cuestionada por los sindicatos, que denuncian falta de planificación, riesgos sanitarios y ausencia de diálogo real con los trabajadores.
La presidenta de la PSAC, Sharon DeSousa, aseguró en declaraciones a CTV que la decisión del Ejecutivo “no tiene sentido” y refleja una desconexión total con la realidad de los edificios federales. Según afirmó, muchas oficinas presentan problemas graves de infraestructura, incluyendo chinches, ratones, murciélagos, plagas, sistemas defectuosos y una alarmante falta de espacio para los empleados.
De acuerdo con datos oficiales del propio Gobierno, alrededor de mil edificios federales se encuentran en mal estado o directamente no cumplen con condiciones adecuadas de trabajo. El informe de resultados departamentales de Servicios Públicos y Adquisiciones de Canadá 2024-2025 revela que solo el 53,1 % de los inmuebles propiedad de la Corona están en “estado regular o superior”, una cifra inferior al 56,7 % registrado en 2023. En el caso de los edificios patrimoniales, el panorama es aún más preocupante: apenas el 41,9 % alcanza ese estándar mínimo.
Pese a este diagnóstico, la Secretaría del Consejo del Tesoro anunció que avanzará con el plan, prometiendo colaborar con los sindicatos en aspectos como la asignación de puestos de trabajo y la salud y seguridad ocupacional. No obstante, para la PSAC estas promesas llegan tarde y carecen de credibilidad, dado que el mandato ya fue impuesto de manera unilateral.
DeSousa subrayó que datos de Statistics Canada demuestran que los empleados son más productivos trabajando desde casa, especialmente cuando las oficinas no cuentan con espacios adecuados. A su juicio, obligar a los funcionarios a desplazarse diariamente no solo reduce la eficiencia, sino que también incrementa la congestión vial y desperdicia recursos públicos.
En respuesta al nuevo mandato, la PSAC presentó una queja por prácticas laborales desleales ante la Junta Federal de Relaciones Laborales y Empleo del Servicio Público. El sindicato sostiene que el Gobierno no puede modificar de forma arbitraria las condiciones laborales mientras se desarrollan negociaciones colectivas, ya que ello vulnera la ley y los derechos adquiridos de los trabajadores.
Además, DeSousa recordó que durante la pandemia el Estado contrató personal en todo el país bajo esquemas flexibles, por lo que considera absurdo exigir ahora presencia física para que los empleados terminen conectados a MS Teams desde oficinas deterioradas. “Si el trabajo sigue siendo virtual, no hay diferencia entre hacerlo desde casa o desde un edificio en malas condiciones”, concluyó.
La controversia vuelve a poner en evidencia los problemas estructurales de gestión del patrimonio público en Canadá, así como la falta de una estrategia coherente que priorice tanto la productividad como la salud y seguridad de los servidores públicos.