La paz, 15 de noviembre.- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas Betancourth, rechazó las acusaciones de un supuesto sesgo contra integrantes de la fuerza pública y sostuvo que la JEP ha tramitado beneficios jurídicos para militares y exintegrantes de las Farc en proporciones comparables.
En una entrevista concedida a la revista Cambio, Rojas afirmó que la idea de que la jurisdicción concentra sus esfuerzos en procesar a militares “es totalmente falsa”. Como prueba, citó las dos primeras sentencias de sanciones propias: una dirigida a la antigua cúpula de las Farc por secuestros y otra contra 12 integrantes del Ejército por asesinatos y desapariciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.
El magistrado también advirtió que una eventual reducción del período de funcionamiento de la jurisdicción pondría en riesgo, sobre todo, la definición de la situación jurídica de miles de uniformados y los procesos contra oficiales de alto rango que no han aceptado responsabilidad.
Según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la normativa que creó el tribunal exige un tratamiento simétrico para quienes participaron en el conflicto armado, sin importar si pertenecieron a las extintas Farc, a la fuerza pública o a otros sectores sometidos a la jurisdicción.
Rojas señaló que la JEP ha concedido cerca de 1.000 amnistías a exintegrantes de las Farc y alrededor de 1.100 renuncias a la persecución penal a miembros de la fuerza pública. Esas decisiones se aplican a comparecientes que no fueron identificados como máximos responsables de los crímenes más graves y representativos.
“Simultáneamente se han dictado 1.000 amnistías a guerrilleros y cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal a militares. Más ejemplo de imparcialidad que ese, difícilmente puede existir”, afirmó Rojas en la entrevista.
Para el magistrado, las cifras contradicen el señalamiento de que el sistema transicional ha favorecido a los excombatientes mientras endurece sus actuaciones frente a militares.
Según el dirigente, la JEP tiene el mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de graves violaciones cometidas antes de 2016. Al mismo tiempo, debe definir la situación jurídica de quienes participaron en hechos relacionados con el conflicto, pero no ocuparon los niveles más altos de decisión.
El presidente de la JEP sostuvo que los militares serían uno de los sectores más afectados si prospera una iniciativa que busca acortar el funcionamiento de la jurisdicción, previsto constitucionalmente hasta 2033.
De acuerdo con Rojas, unos 9.000 comparecientes de la fuerza pública aún tienen pendiente la definición de su situación jurídica. Muchos de ellos no son señalados como máximos responsables, pero requieren una decisión que determine si acceden a un beneficio, continúan en un proceso judicial o reciben otro tipo de resolución dentro del modelo de justicia transicional.








