Ciudad de méxico, 10 de noviembre.- En la Ciudad de México, el Cablebús, un sistema de teleférico urbano diseñado para conectar zonas altas y periféricas con las redes de transporte en la capital, como lo es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se ha consolidado como uno de los proyectos de movilidad más emblemáticos del país, tanto que incluso gobiernos de otros estados han apostado por trasladar el proyecto a sus entidades. Actualmente, la capital cuenta con las líneas 1: Indios Verdes – Cuautepec; línea 2: Constitución de 1917 – Santa Martha; y línea 3: Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga.
La relevancia del Cablebús ha trascendido incluso al ámbito internacional, luego de que en octubre se diera a conocer que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México obtuvo el reconocimiento internacional “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” en los Projects & Infrastructure Finance Awards, por la emisión del Bono Verde 2025, destinado a respaldar la construcción de las nuevas líneas del sistema de teleférico. el Gobierno de Clara Brugada prevé construir las líneas 4, 5 y 6, en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta, respectivamente.
No obstante los reconocimientos internacionales, los proyectos no han tenido un buen recibimiento por parte de las comunidades originarias de la capital, especialmente en Milpa Alta y Tlalpan, donde habitantes se han manifestado en contra del avance de estas líneas al considerar que los proyectos acompañan procesos de especulación del suelo, turistificación, ecocidio y expansión inmobiliaria.
Pero no es el único caso. El gobierno del morenista Alejandro Armenta, en Puebla, anunció en marzo de 2025 que la capital del estado contaría con un Cablebús que contempla cuatro líneas, nueve estaciones y 87 torres. Sin embargo, habitantes y colectivos ambientales se opusieron tan pronto se dio a conocer la noticia por considerar que el proyecto dañaría considerablemente al medio ambiente —por la cantidad de árboles que debían ser talados—, así como la calidad de vida de los poblanos, donde se sacrificarían áreas verdes, parques y espacios públicos.
Ante el avance de los proyectos, pese a movilizaciones y protestas de los habitantes en ambas entidades, el pasado domingo 8 de noviembre los colectivos organizaron una manifestación conjunta en el estado de Puebla con el objetivo de unir resistencias ante lo que consideran un proyecto ecocida desarrollado con opacidad y criminalización contra habitantes y activistas que defienden parques, zonas forestales, tierras comunales y espacios públicos.
En ese contexto, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del lunes 9 de noviembre, la mandataria sostuvo que las inconformidades de los habitantes y colectivos sobre estos proyectos deben ser atendidas por los gobiernos correspondientes: Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, y Ciudad de México, por Clara Brugada.
La movilización del 8 de noviembre fue convocada en el Parque Ecológico de Puebla, en el estado, donde participaron diversos colectivos de ambas entidades. Durante el posicionamiento, las agrupaciones sostuvieron que las nuevas líneas no responden a las necesidades cotidianas de movilidad en los territorios donde se construirán.
Las agrupaciones afirmaron que las rutas previstas atraviesan “núcleos agrarios, territorios indígenas, zonas forestales, zonas ejidales y parques urbanos. Son espacios públicos y comunales que son sacrificados en favor de la industrialización, la turistificación y la privatización que enriquece a empresas específicas”, destacaron durante el posicionamiento frente al Parque Ecológico de Puebla. Advierten que estos espacios quedarían sujetos a una lógica de industrialización y privatización que favorece a empresas y grupos financieros.
En Puebla, el trazo contempla zonas como el Parque Juárez, el Parque Ecológico, el Deportivo Xonaca, el CENCH, el Cerro de Amalucan y el Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldívar. Vecinos y colectivos han denunciado que la infraestructura fragmentaría áreas verdes y modificaría el uso público de estos espacios.
Además, uno de los principales cuestionamientos son las cifras oficiales sobre los árboles que serían retirados en el proyecto del Cablebús poblano. La estimación inicial del gobierno de Alejandro Armenta fue de 980 ejemplares. Después, tras diversos cuestionamientos e incluso recursos legales interpuestos por los habitantes, la cifra cambió en varias ocasiones hasta llegar a un reporte oficial de únicamente 97 árboles talados, una cantidad que las agrupaciones ponen en duda.
