Buenos aires, 13 de octubre.- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre. La medida afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales e incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país. El reclamo central será la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato se concentrará desde las 13:30 frente al Congreso, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar la norma. La protesta coincidirá con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos para las universidades públicas.
La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una comunicación presentada ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que depende del Ministerio de Capital Humano. El documento, fechado el 9 de octubre, fue dirigido al secretario Julio Cordero y lleva las firmas de Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, y Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta.
En la notificación, el gremio anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional. La medida alcanzará a organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipales. Cada conducción distrital definirá las modalidades de protesta.
La huelga tendrá consecuencias sobre la prestación de distintos servicios públicos. Según informó ATE, solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. El alcance efectivo de las restricciones dependerá de la adhesión de los trabajadores y de la organización de los servicios esenciales.
Entre las actividades que podrían verse afectadas figuran la recolección de residuos, los servicios de auxiliares de educación, las guardias urbanas, los controles migratorios, las tareas de agentes de tránsito y los controles sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.
La convocatoria también comprende a trabajadores de organismos vinculados con el transporte, entre ellos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). De acuerdo con el anuncio sindical, en este último organismo se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.
ATE anticipó, además, restricciones en la atención del PAMI y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se atenderían exclusivamente emergencias. La medida incluye a radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales y trabajadores encargados del mantenimiento de plantas nucleares. Los servicios provinciales y municipales también podrían sufrir interrupciones, según las decisiones de cada representación sindical.
El conflicto se desarrollará en simultáneo con una sesión especial convocada por bloques opositores de la Cámara de Diputados para el jueves a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/23, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y una propuesta para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fines de 2027.
La principal incógnita parlamentaria será la posibilidad de reunir los 129 diputados necesarios para el quórum. El peronismo, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, la izquierda y otras bancadas impulsaron la convocatoria. El oficialismo busca evitar que avance el rechazo del decreto y mantiene conversaciones con aliados y representantes de las provincias.
