Redacción, 9 de octubre.- Panamá ha dejado de ser un paraíso fiscal este viernes. Así lo ha anunciado la Unión Europea, que también ha excluido a Vietnam de la lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, esa lista negra de paraísos fiscales. Solo quedan 8 en esa lista: la Samoa Americana, la República de Palao, las Islas Vírgenes, Anguila, Guam, Rusia, Vanuatu, y el archipiélago de Turcas y Caicos.
La decisión de excluir a Panamá y Vietnam de esta lista, tomada durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Luxemburgo, tiene que ver con las reformas que ambos países han impulsado en sus regímenes fiscales, entre ellas el cambio en el sistema panameño de exención de ingresos extranjeros, calificado hasta ahora como “perjudicial” por la Unión Europea; así como con las revisiones sobre el cumplimiento de ambos países con los estándares internacionales de intercambio de información fiscal realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Panamá llevaba desde febrero de 2020 en la lista negra, es decir, más de seis años; pero su notoriedad como paraíso fiscal tiene más recorrido. En 2016, el país centroamericano fue el epicentro de los Papeles de Panamá, una filtración de más de 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca que reveló cómo políticos, empresarios y otras figuras públicas de todo el mundo utilizaban sociedades registradas allí para ocultar fortunas y eludir el pago de impuestos en sus países de origen.
España no quedó al margen de aquel escándalo: entre los señalados figuraron la infanta Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI, y el ministro de Industria del gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, quien terminó dimitiendo tras aparecer vinculado a una sociedad pantalla en las Bahamas.
El motivo concreto de la permanencia de Panamá en la lista negra europea desde 2020 fue su régimen de exención de ingresos extranjeros, calificado por la Unión Europea como perjudicial. Para corregirlo, el país aprobó la Ley 526, del 28 de mayo de 2026, que obliga a las empresas panameñas pertenecientes a grupos multinacionales y que reciben ingresos pasivos del extranjero, como dividendos, intereses, regalías o ganancias de capital, a demostrar una actividad económica real en el país.
Eso implica contar con personal cualificado, oficinas físicas, tomar las decisiones importantes desde Panamá y asumir costes operativos acordes a su nivel de actividad. Las empresas que no cumplan estas condiciones pasarán a pagar un 15% de impuestos sobre esos ingresos, algo que antes quedaba completamente exento gracias al sistema fiscal territorial del país. La norma entrará en vigor en el ejercicio fiscal de 2027.
Panamá también se había comprometido ante el Foro Global de la OCDE a corregir los fallos detectados en su sistema de intercambio de información fiscal, y pidió una revisión en profundidad que debía completarse antes del 17 de julio de 2026. Esa revisión ya se llevó a cabo, con un resultado favorable para el país centroamericano, un dato que la Unión Europea mencionó de forma expresa como uno de los motivos de su salida de la lista negra.
El recorrido de Vietnam en los listados europeos ha sido más accidentado. El país entró por primera vez en la lista gris en diciembre de 2017, apenas creado el mecanismo, junto a otras decenas de jurisdicciones que se habían comprometido a reformar sus sistemas fiscales.
Permaneció en esa categoría durante casi ocho años, hasta que, en octubre de 2025, la Unión Europea lo retiró después de que el país cumpliera sus compromisos en materia de informes país por país entre grupos multinacionales, un mecanismo conocido como CbCR que busca evitar que las empresas trasladen beneficios de forma artificial entre distintas jurisdicciones.
Esa salida duró poco. Apenas unas semanas después, en noviembre de 2025, el Foro Global de la OCDE publicó una revisión que calificó a Vietnam como no conforme en un ámbito distinto, el intercambio de información tributaria previa petición. El informe señaló deficiencias en las garantías de confidencialidad de los datos compartidos, además de lentitud y escasa calidad en las respuestas del país a las solicitudes de información de otras jurisdicciones. Esa revisión llevó a la Unión Europea a dar un paso más severo que el habitual: en lugar de devolver a Vietnam a la lista gris, lo incorporó directamente a la lista negra en febrero de 2026, sin pasar por la categoría intermedia.
