Redacción, 9 de octubre.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) exigió este 9 de octubre a las autoridades penitenciarias implementar acciones urgentes en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, para garantizar la seguridad y gobernabilidad del penal. El llamado se dio luego de dos hechos violentos consecutivos, ocurridos el 8 y el 9 de octubre, que dejaron 12 personas fallecidas y diversos lesionados al interior del centro.
El organismo condenó “enérgicamente” lo ocurrido y señaló que los hechos “advirtieron múltiples violaciones a los derechos humanos” de las personas privadas de la libertad. Entre las víctimas mortales se contabilizó a un menor de edad que se encontraba de visita familiar al momento del primer enfrentamiento.
La Comisión calificó lo ocurrido como un hecho que “vino a trastocar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como los de quienes concurren en la materialización de estos”. El organismo dio inicio a investigaciones propias sobre el caso.
En el marco de esas indagatorias, la CEDH anunció que dictó medidas precautorias y cautelares para garantizar los derechos de los internos y mantuvo comunicación y acompañamiento con los familiares de las víctimas.
El organismo instó a las autoridades penitenciarias a implementar, “de manera urgente”, acciones que garanticen “la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad” del centro, en beneficio de los internos, los visitantes y el personal que labora en las instalaciones.
La Comisión exhortó también a generar canales de comunicación con la ciudadanía para mantenerla informada sobre la situación que prevaleció al interior del penal. La tarde de este mismo 9 de octubre se reportaron bloqueos carreteros por parte de familiares de internos, quienes solicitan información sobre sus familiares reclusos.
Al mismo tiempo, la CEDH solicitó a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo “de manera eficaz” las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que. El organismo informó que mantuvo comunicación permanente con las autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa, con las que realizó un trabajo conjunto, además del acompañamiento a las familias de las víctimas.
Las autoridades estatales reportaron que el primer brote de violencia ocurrió el 8 de octubre en dos módulos del penal, con un saldo de nueve internos muertos. Entre las víctimas se contabilizó también a un niño de dos años, quien se encontraba en el penal como parte de una visita familiar al momento del estallido de violencia.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, descartó versiones sobre el ingreso de un grupo armado externo y ubicó el origen del conflicto en una disputa entre reclusos. Las autoridades localizaron armas cortas de calibre nueve milímetros al interior de las instalaciones, aunque no precisaron la forma en que ingresaron al penal.
La violencia se repitió al día siguiente. Una segunda riña, registrada la mañana de este 9 de octubre, dejó dos internos más sin vida, esta vez por lesiones con arma punzocortante. El número total de víctimas mortales en menos de 24 horas se elevó así a 12.
