Madrid, 7 de octubre.- Quién no ha oído en más de una ocasión que los buenos perfumes se venden en frascos pequeños. Como explica el Instituto Cervantes, se trata de un proverbio que explica que las cosas valiosas ocupan poco espacio. La esencia del Congreso en periodo electoral se guarda en la sala Constitucional, donde se reúne la Diputación Permanente, formada por un total de 69 miembros: la presidenta del Congreso, que la preside, y 68 diputados. Es la sustitución al Pleno donde habitualmente se debaten y votan las medidas. Aquí, a diferencia del hemiciclo, el Gobierno y sus socios tienen mayoría: PSOE, Sumar, ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos) suman 35 votos; mientras que PP, Vox y Junts llegan a los 34.
En este órgano, al que corresponde velar por los poderes de la Cámara, es en el que Pedro Sánchez quiere aprobar los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado y que el Consejo de Ministros aprobó de nuevo este martes con ligeras variaciones para tratar de sortear así las acusaciones de «fraude de ley» que señalan algunos juristas: en el documento más extenso se introduce como novedad la movilización de 10.000 millones en préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la adquisición de la primera vivienda; mientras que en el que sólo se redacta la renovación automática del alquiler se ha cambiado que no entrará en vigor hasta su posible convalidación, y no con su publicación en el BOE como es habitual.
En La Moncloa dan por descontado aprobar el primer decreto, el más completo, sobre todo tras la confirmación de que el PNV lo apoyará por «responsabilidad y coherencia», aunque mantiene sus «reservas» sobre el «impacto real de la norma».
Frente a la operación vivienda exprés -finalmente fallida- que diseñó el Ejecutivo, para aprobar y convalidar los decretos la semana pasada en apenas 72 horas, ahora la intención es agotar el plazo de 30 días que concede la ley, lo que situaría la votación en la antesala del inicio de la campaña electoral.
Pero la estrategia de La Moncloa no sólo se limita a aprovechar esta mayoría con sus socios para las medidas en materia de vivienda. «Claro que habrá más decretos ley», confirmó este martes Sánchez, en una comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros. «Nosotros vamos a continuar gobernando. No vamos a parar». Pese a la convocatoria de elecciones, el Gobierno no entra en funciones hasta que los ciudadanos voten, esto es, hasta el próximo 29 de noviembre. «Hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el Gobierno va a continuar gobernando dando respuesta a los problemas de la gente».
Pese a que se trata de una situación excepcional no es nueva. Por ejemplo, tras el adelanto electoral decretado también por Sánchez en 2019, la Diputación Permanente convalidó en el mes de abril de ese año seis decretos que el Ejecutivo había aprobado una vez disueltas las Cortes, entre ellos, precisamente uno con medidas en materia de vivienda.
En enfado y la «indignación» con Junts por tumbar las medidas en vivienda aún prosiguen en el Gobierno. Fuentes gubernamentales insisten en que lo que les llegada hasta la tarde del jueves de manera oficial es que la formación de Carles Puigdemont apoyaría el texto principal, si bien a los miembros del Ejecutivo les constaba que desde el miércoles miembros de Junts sondeaban en distintos ambientes preguntando a los interlocutores si creían que el Gobierno convocaría elecciones si optaban por rechazar sus dos decretos.
Esta gota fue la que colmó el vaso. Los cuidados y la mesura dialéctica que públicamente se tenía con Junts ya han quedado desterradas. Los independentistas catalanes han pasado a formar parte del pack de la derecha junto al PP y Vox. «Tienen una mirada, una forma de trabajar y de entender el funcionamiento del mercado de la vivienda, con el que tenemos una discrepancia importante, importante, que trasciende lo ideológico y que evidentemente se ha manifestado con su voto en contra, aún habiendo hecho un esfuerzo importantísimo por parte de la ministra de Vivienda y por parte de todo el Gobierno de llegar a acuerdos», expuso Sánchez sobre la relación con esta formación. En la sala de prensa del complejo presidencial se escucharon risas de los miembros del Ejecutivo cuando una de las preguntas versó sobre «el comportamiento de Junts como socio de gobierno». La palabra «socio» fue la que provocó las carcajadas y comentarios.
Incluso, por primera vez, después de tres años abonando el terreno de la disposición para una reunión y foto con Carles Puigdemont -más intención que acción-, Sánchez dio este martes portazo a esa posibilidad, toda vez que el Tribunal Constitucional decidió amparar a los líderes del procés y el magistrado Pablo Llarena levantó la orden de detención contra Puigdemont lo que allana y da vía libre a un posible regreso suyo a España. «Estamos en tiempo electoral. Por tanto, no contemplo reunirme con un candidato, ni un político ni con otro, sino simplemente, en el ejercicio de mis responsabilidades institucionales».
Como sucediera apenas 24 horas antes, también desde La Moncloa, Sánchez vistió traje institucional pero mensaje mitinero. Se escuda en la necesidad de medidas en materia de vivienda para pedir ya el voto. Pidió una «mayoría más rotunda» e instó a los ciudadanos a «elegir un nuevo Parlamento» toda vez que éste «da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda». El PP denunció este martes al presidente del Gobierno ante la Junta Electoral Central, argumentando que usó La Moncloa «para dar un mitin».
