Redacción, 7 de octubre.- El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara un Estatuto Antiterrorista para endurecer las herramientas jurídicas y operativas contra grupos armados organizados, con listas de organizaciones, un régimen carcelario especial y mecanismos de control patrimonial. La propuesta sería presentada ante el Congreso de la República en las próximas semanas junto con una ley de sometimiento.
El paquete estaría integrado por dos proyectos que avanzarían en paralelo: una ley estatutaria y una ordinaria, de acuerdo con información publicada por El Tiempo. La primera abarcaría medidas que afectan derechos fundamentales; la segunda permitiría que otros componentes entren en vigor sin esperar la revisión constitucional del conjunto de la iniciativa.
Las fuentes del Ejecutivo citadas por el diario indicaron que las estructuras incorporadas serían clasificadas como Grupos Armados Organizados, conocidos como GAO.
Esa designación permitiría aplicarles el Derecho Internacional Humanitario (DHI), el conjunto de normas que regula la conducción de las hostilidades en conflictos armados y fija límites para proteger a quienes no participan directamente en ellas. La clasificación también serviría de fundamento para operaciones militares, incluidos bombardeos contra las estructuras registradas, dentro de los alcances que establezcan la legislación y esas normas internacionales.
El senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó en su cuenta de X el borrador del proyecto gubernamental que prevé presentar próximamente ante el Consejo de Política Criminal y advirtió que su contenido podría sustituir el Estado de derecho por un esquema de poder sin controles judiciales.
El principal reparo del dirigente apunta a que la incorporación de personas y grupos a una lista de organizaciones terroristas quedaría en manos de la autoridad ejecutiva mediante órdenes administrativas, sin una decisión judicial previa. Para Cepeda, ese mecanismo expone a los incluidos a sanciones económicas, daños patrimoniales y afectaciones a su buen nombre aun sin antecedentes, condenas ni sanciones penales.
El proyecto contempla además la creación de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, un cargo previsto por cinco años y definido, según Cepeda, bajo un estado de excepción por Abelardo de la Espriella. El legislador sostuvo que esa figura concentraría facultades que excederían el período de un gobierno.
Cepeda también cuestionó que el texto faculte al Gobierno a legalizar prácticas de espionaje, escuchas ilegales e inteligencia criminal. A su juicio, esas disposiciones amplían el alcance de una iniciativa cuya definición de terrorismo considera imprecisa.
En su mensaje, Cepeda afirmó que el borrador presenta como terrorismo cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. “Potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad”, señaló.
El dirigente sostuvo que esa formulación podría habilitar la calificación de expresiones de protesta social como acciones terroristas. “Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, afirmó al cuestionar el alcance de la norma.
