Madrid, 7 de octubre.- «Vamos a avanzar… con o sin un concurso de un poder legislativo», afirmó Sánchez en 2024. La Legislatura la ha concluido expresando que sabe que hay una parte de la «mayoría social» a la que «les indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos». Se verbaliza así una concepción del gobierno que entronca con el populismo antiparlamentario que tantos estragos ha causado.
Pero no son deslices verbales, sino que han tenido plasmación en cómo se ha desarrollado una Legislatura en la que se ha desdibujado la forma de gobierno parlamentaria diseñada por la Constitución de 1978. Lo han advertido algunos de nuestros más insignes constitucionalistas. En estas páginas lo adelantó Manuel Aragón en 2022 al criticar la deriva hacia un «parlamentarismo presidencialista». Recientemente, ha sido Pedro Cruz el que ha denunciado que el régimen parlamentario querido por la Constitución no consigue aplicarse.
Una transformación espuria que ha sido posible por la generalización de un (o unos) fraude(s) de Constitución. Actuaciones u omisiones que, aun encontrando una aparente cobertura normativa, han tenido como resultado erosionar la forma de gobierno, los límites y las atribuciones establecidos por la Constitución. En buena medida con la tolerancia de un Tribunal Constitucional miope, cuya mayoría afín al Gobierno ha abdicado de preservar el sentido profundo de nuestra Constitución.
La expresión más evidente de estos fraudes la encontramos en una Legislatura que culmina sin que el Gobierno haya presentado un solo proyecto de presupuestos. A pesar de ser una flagrante violación del art. 134.3 CE, el Gobierno ha podido mantenerse abusando de la prórroga presupuestaria y recurriendo a vericuetos legales para alterar créditos sin concurso del Parlamento en un fraude claro que desposee a las Cámaras de una de sus funciones esenciales, la presupuestaria.
Otro ejemplo es el abuso de los decretos-leyes: sin concurrir razones de «extraordinaria y urgente necesidad», regulando materias heterogéneas o tratando de consolidar sus efectos incluso cuando son derogados por el Congreso. En Hay Derecho lo hemos medido con datos en el informe que acabamos de presentar sobre la situación del Estado de derecho en España.
La guinda ha sido que el Gobierno anuncie la aprobación sin cambios sustanciales de los decretos-leyes que acaba de derogar el Pleno del Congreso y que pueda tratar de convalidarlos aprovechando su mayoría en la Diputación Permanente. Este órgano, que actúa con funciones limitadas cuando el Parlamento está disuelto, es una reproducción a menor escala del Pleno, pero los ajustes en su composición llevan a pequeñas distorsiones que hacen que la mayoría gubernamental no necesite a Junts. Por ello, si la operación se perpetra, estaríamos ante un nuevo fraude de Constitución antidemocrático que en este caso concreto frustra la finalidad del art. 78 CE.
Unos fraudes que se acompañan del despliegue de una forma de comunicación política incompatible con la dialéctica de una democracia parlamentaria. El planteamiento en términos plebiscitarios de estas elecciones por parte del presidente Sánchez -seguido por el líder de la oposición- es también un claro testimonio de esta perniciosa deriva. Hemos perdido las formas y, con ello, podemos dar al traste con la democracia del 78.
* Germán M. Teruel Lozano es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho.
«Hemos perdido las formas y, con ello, podemos dar al traste con la democracia del 78»
