Redacción, 1 de octubre.- Una mujer fue detenida en Oaxaca por su probable participación en la desaparición de un policía estatal ocurrida hace casi siete años, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de personas que lo sometió, lo ató de pies y manos y se lo llevó en la cajuela de un vehículo utilizado para privarlo de la libertad.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la mujer, identificada como E.C.T., fue localizada en la localidad de Arroyo Venado, en el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión relacionada con la causa penal 291/2021 por el delito de desaparición cometida por particulares.
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 10 de octubre de 2019 en San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, el policía, identificado como H.M.I., salió de su domicilio ubicado en Benito Juárez Dos acompañado de su familia para dirigirse a su trabajo como policía estatal.
Mientras se encontraban en la vía pública, varias personas que viajaban en dos vehículos interceptaron a la familia. Los agresores sometieron al policía, lo ataron de pies y manos y posteriormente lo introdujeron en la cajuela de uno de los automóviles.
Los vehículos se retiraron del lugar con rumbo desconocido y, desde entonces, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer qué ocurrió con el policía y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con su desaparición.
La captura de E.C.T. fue resultado de las diligencias realizadas por la Vicefiscalía Regional de la Cuenca para establecer la identidad y ubicación de personas relacionadas con el caso. Los agentes la localizaron sobre la calle Vidal Soriano, en Arroyo Venado, corroboraron su identidad y le hicieron saber que existía un mandato judicial en su contra antes de ejecutar la orden de aprehensión.
La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado públicamente cuál habría sido la participación específica de E.C.T. en la desaparición del policía ni ha señalado qué ocurrió con H.M.I. después de que fue llevado en el vehículo.
El caso tiene una particularidad por la condición de la víctima como integrante de una institución de seguridad pública. La Ley General en Materia de Desaparición establece para el delito de desaparición cometida por particulares una pena de 25 a 50 años de prisión. El mismo ordenamiento señala que las penas pueden incrementarse hasta en una mitad cuando la persona desaparecida sea integrante de las instituciones de seguridad pública.
Aplicado al extremo superior de la pena base, ese incremento permitiría llegar hasta 75 años de prisión. Sin embargo, esto representa únicamente el máximo que contempla el marco legal bajo esas condiciones y no significa que E.C.T. haya sido condenada o que vaya a recibir esa pena.
Además, la ley establece que las penas previstas para la desaparición cometida por particulares pueden modificarse conforme a las reglas de agravantes y disminuciones contempladas en el propio ordenamiento. La situación jurídica de la detenida todavía debe ser determinada por un juez.
