Redacción, 10 de septiembre.- En medio del debate por la aprobación de las facultades legislativas presentadas ante el Congreso, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori propuso trasladar a presos de baja peligrosidad a instalaciones militares temporales en desuso para reducir el hacinamiento en las cárceles.
La medida forma parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo como una manera de reformar el sistema penitenciario y reforzar la seguridad ciudadana, según indicó la Presidencia del Consejo de Ministros. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es reducir el hacinamiento y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de reclusos de mayor peligrosidad.
La propuesta prevé identificar espacios y habilitar instalaciones temporales para alojar con seguridad a personas de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo medidas estrictas de seguridad y control.
De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026 había 2.672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1.962 con sentencia efectiva.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que el Ministerio de Defensa coordina la habilitación de hangares en desuso para el traslado de presos de baja peligrosidad.
El paquete incluye restringir beneficios de reducción de pena por terminación anticipada en delitos de extorsión, sicariato y secuestro, y autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales ante el déficit del INPE, que cuenta con poco más de 7.000 agentes.
Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados ya expresaron con votos su rechazo al pedido de facultades legislativas presentada por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Todas contaron con votos negativos de grupos parlamentarios de oposición apoyados por otras bancadas como las del Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras.
En el Congreso, las comisiones que ya se pronunciaron en contra del pedido y emitieron informes que no recomiendan su aprobacióni fueron las de Energía y Minas (Juntos por el Perú), Producción (Fuerza Popular), Infraestructura, Vivienda y Transportes (Buen Gobierno), y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (Fuerza Popular).
Hoy el primer vicepresidente y titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, deberá acudir al Congreso hoy a las 3:00 p.m. con la finalidad de que justifique ante la Comisión de Constitución por qué el Ejecutivo solicita legislar sobre 66 puntos durante 120 días en áreas clave como seguridad ciudadana y economía.
Por su parte, Miguel Torres, presidente del Congreso y también segundo vicepresidente del Perú, se pronunció respecto al pedido del Gobierno y solicitó que el Parlamento evalúe la aprobación del documento.
“Cuando el país enfrenta una situación excepcional, necesita herramientas excepcionales para responder. Por eso, el Congreso debe evaluar las facultades legislativas con responsabilidad, determinación y celeridad. Eso no significa renunciar al debate. Debatamos, revisemos y hagamos los ajustes necesarios, pero sin perder de vista la urgencia de actuar. Y hoy esa urgencia es clara: enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado (…)”, afirmó en un video publicado en su cuenta oficial de X.
