Managua, 24 agosto.- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que prohíbe la aplicación de cualquier normativa extranjera en el territorio nacional.
La modificación fue aprobada durante una sesión especial celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, en Managua, con motivo del 48 aniversario de la operación «Muerte al Somocismo».
La reforma incorpora un nuevo párrafo al artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua, mediante el cual se establece que ninguna ley, reglamento o resolución de origen internacional tendrá validez jurídica en el país, salvo aquellos convenios o acuerdos que sean suscritos y ratificados por el propio Gobierno nicaragüense.
«En nuestra Nicaragua (…) no tiene efecto jurídico ninguna legislación extranjera que pretenda imponerse sobre la voluntad de nuestro pueblo», afirmó el Gobierno en un comunicado difundido por el Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
La modificación constitucional se produce pocos días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución para convocar a una reunión urgente de cancilleres con el objetivo de analizar la situación política de Nicaragua. La fecha de ese encuentro todavía no ha sido establecida.
La iniciativa de la OEA se produjo después de que Daniel Ortega amenazara con cancelar las elecciones, en un contexto de creciente tensión política en el país.
La nueva disposición constitucional refuerza así la posición del Gobierno de Ortega-Murillo frente a organismos internacionales y establece límites a la aplicación interna de disposiciones provenientes del exterior.
