Windsor, Ontario, 14 julio 2026.- Un juez de Ontario desestimó los cargos por tráfico de drogas contra un camionero transfronterizo después de determinar que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) violó de manera “flagrante” sus derechos constitucionales durante una inspección en el Puente Ambassador.
La decisión, de 37 páginas, calificó como “altamente preocupantes” las prácticas de capacitación de la CBSA relacionadas con los registros corporales y concluyó que las actuaciones de los agentes comprometieron la integridad del proceso judicial.
El acusado, Harinder Singh Saini, fue detenido poco después de la medianoche del 29 de octubre de 2023 durante una inspección secundaria cuando intentaba cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Según la CBSA, los agentes encontraron en la cabina de su camión 121 paquetes de cocaína, con un valor estimado en la calle de entre 10,8 y 13,2 millones de dólares, además de 10.000 dólares en efectivo.
Saini, quien enfrentaba cargos que podían haber derivado en una condena de cadena perpetua, sostuvo que desconocía la presencia de la droga en su vehículo. Su abogado defensor, Rafik Kodsy, afirmó que el camionero se habría declarado inocente si el caso hubiera llegado a juicio.
El tribunal consideró ilegal el registro corporal
La jueza del Tribunal Superior de Ontario, Jennifer Bezaire, ordenó el 29 de mayo la suspensión definitiva del procedimiento, una medida que impide a la Fiscalía presentar nuevamente los cargos.
Aunque reconoció la gravedad del supuesto delito y señaló que la incautación evitó que la cocaína llegara al mercado ilegal, Bezaire determinó que mantener el proceso habría afectado gravemente la confianza en el sistema judicial.
“El riesgo de socavar la integridad del sistema judicial supera con creces la gravedad de los delitos”, señaló la magistrada.
Según la resolución, dos agentes de la CBSA violaron los derechos constitucionales de Saini en siete ocasiones.
El punto central del fallo fue el registro corporal al que fue sometido el camionero, que duró aproximadamente tres minutos. La jueza determinó que los agentes no tenían motivos razonables para realizarlo y que el procedimiento fue “degradante y humillante”.
Durante la inspección, Saini fue obligado a desnudarse completamente, levantar sus genitales y adoptar una posición que permitió la inspección visual de su recto, una práctica que la Corte Suprema de Canadá ha considerado incompatible con las garantías constitucionales cuando no existen circunstancias excepcionales.
Además, el tribunal señaló que el acusado pidió hablar con un supervisor y con un abogado antes del registro, pero los agentes no permitieron ese contacto hasta después del procedimiento.
“Los agentes negaron flagrantemente al señor Saini su derecho a un abogado en un momento en que más lo necesitaba”, afirmó Bezaire.
Críticas a la capacitación de la CBSA
La jueza también cuestionó las políticas internas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Según el fallo, en 2023 la política utilizada por los agentes permitía procedimientos incompatibles con las normas establecidas por la Corte Suprema.
Aunque la CBSA actualizó sus directrices en 2024 para ajustarlas a la legislación canadiense, los agentes involucrados declararon que desconocían esos cambios cuando fueron interrogados en 2026.
Para Bezaire, esto demuestra que la modificación existió “solo en papel y no en la práctica”.
“Las pruebas apuntan a un problema muy grave y preocupante de capacitación y políticas dentro de la CBSA”, indicó la jueza.
El abogado defensor Rafik Kodsy afirmó que el caso evidencia una falla institucional y que la agencia debe garantizar que sus funcionarios respeten plenamente la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
La CBSA revisará la decisión
En un comunicado, la CBSA indicó que continúa revisando la resolución judicial y defendió el profesionalismo de sus agentes.
“Como organismo encargado de hacer cumplir la ley y proteger las fronteras de Canadá, la CBSA exige a sus empleados un alto nivel de conducta”, señaló la agencia.
También aseguró que sus funcionarios reciben capacitación sobre registros corporales, incluyendo los requisitos legales, los procedimientos internos y las obligaciones derivadas de la Carta Canadiense.
El fallo abre un nuevo debate sobre los procedimientos utilizados en los controles fronterizos de Canadá y sobre la necesidad de reforzar la capacitación de los agentes para garantizar que las investigaciones contra delitos graves se realicen respetando los derechos fundamentales.
