Madrid, 25 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado ante la Audiencia Nacional la nulidad general de todas las actuaciones del conocido caso Plus Ultra, al considerar que durante la investigación se habrían vulnerado varios derechos fundamentales y utilizado pruebas que califica de ilícitas.
La petición ha sido presentada por su defensa mediante un nuevo escrito al que ha tenido acceso la agencia EFE, en el que se argumenta que el procedimiento judicial se habría construido sobre una base procesal irregular que invalidaría el conjunto de la causa.
Alegación de vulneración de derechos fundamentales
El equipo legal del expresidente sostiene que se habrían vulnerado derechos esenciales como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho a un proceso con todas las garantías, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.
Según el escrito, el origen del procedimiento estaría marcado por el análisis de conversaciones privadas que no habrían sido autorizadas judicialmente en el marco adecuado, lo que afectaría directamente a la validez de toda la investigación posterior.
La defensa insiste en que estas supuestas irregularidades no serían hechos aislados, sino que habrían condicionado el desarrollo completo del caso.
Cuestionamiento del origen de la investigación
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, argumenta que la causa se habría iniciado a partir del análisis de comunicaciones privadas vinculadas a un letrado investigado, así como de información obtenida en registros realizados en el marco de cooperaciones internacionales con Francia y Suiza.
Según la defensa, la apertura del procedimiento se basó en un conjunto de datos extraídos de un disco duro denominado “Crucial” y de un chat identificado como “Danilo-España”, elementos que habrían sido interpretados sin la debida autorización judicial.
Críticas a la actuación de Fiscalía y Policía
El escrito también cuestiona la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de unidades policiales implicadas en la investigación, a las que acusa de haber actuado fuera del marco legal al ordenar análisis de comunicaciones privadas sin cobertura judicial suficiente.
La defensa sostiene además que se habrían impulsado diligencias preprocesales después de decisiones previas de archivo, lo que, a su juicio, evidenciaría una estrategia para reabrir el caso bajo nuevas fórmulas procesales.
Petición de nulidad de todas las actuaciones
La estrategia jurídica del expresidente no se limita a la nulidad parcial del procedimiento, sino que solicita la anulación total del caso Plus Ultra, bajo el argumento de que todas las actuaciones posteriores estarían contaminadas desde su origen.
La defensa habla de un supuesto “efecto en cadena” que invalidaría registros, resoluciones judiciales, bloqueos de cuentas y otras medidas adoptadas durante la instrucción.
Entre las actuaciones que pide anular figuran la apertura del procedimiento, la remisión del caso a la Audiencia Nacional, registros en propiedades vinculadas a su entorno familiar y la incautación de bienes y documentación.
Un caso de alto perfil político y judicial
El caso Plus Ultra ha sido uno de los procedimientos más mediáticos en los últimos años en España, debido a su posible conexión con operaciones internacionales y a la implicación de figuras políticas de alto nivel.
La resolución de esta solicitud de nulidad por parte de la Audiencia Nacional será clave para determinar la continuidad o el posible archivo definitivo de la causa.
