Montreal, 15 junio.- La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, pidió calma a la población y prometió transparencia total tras las graves acusaciones de conducta racista coordinada que involucran a una unidad policial con base en el distrito de Montréal-Nord, donde 16 agentes están actualmente bajo investigación.
“Cualquier forma de discriminación racial, perfilamiento o violencia es inaceptable. Tales acciones no tienen cabida en Montreal ni en ninguna de nuestras instituciones”, declaró la alcaldesa durante una conferencia de prensa celebrada el sábado, en respuesta a un escándalo que ha generado fuerte impacto político y social en la ciudad.
Las acusaciones, inicialmente reveladas por medios como Radio-Canada, apuntan a presuntos actos de odio y discriminación contra personas negras y árabes durante controles policiales. Entre los señalamientos más graves figura la supuesta recopilación de mechones de cabello de ciudadanos durante intervenciones, así como la emisión de multas basadas únicamente en el origen étnico de los afectados.
El jefe del Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal (SPVM), Fady Dagher, confirmó que la investigación está en curso y que dos agentes han sido suspendidos, tres reasignados y el resto de la unidad reubicado para evitar contacto directo con la ciudadanía mientras se esclarecen los hechos. Parte del caso ha sido remitido a la Dirección de Procesamientos Penales y Criminales de Quebec, lo que abre la puerta a posibles cargos.
Dagher calificó las acusaciones como “profundamente dolorosas” y expresó su sorpresa ante los hechos: “No creí que fuera posible en 2026”, afirmó.
La crisis ha reavivado el debate sobre el racismo sistémico y la confianza en las fuerzas del orden en Montreal-Nord, un sector históricamente sensible en materia de relaciones entre policía y comunidad. El director del Centro de Investigación y Acción sobre Relaciones Raciales (CRARR), Fo Niemi, aseguró que nunca había visto acusaciones de esta naturaleza y advirtió de un posible deterioro de la confianza ciudadana en la policía.
Por su parte, el gobierno de Quebec calificó los hechos como “sumamente preocupantes”, mientras que organizaciones civiles y representantes políticos exigieron una investigación exhaustiva y medidas estructurales, incluyendo la aceleración de la implementación de cámaras corporales.
La alcaldesa Martínez Ferrada insistió en que su administración colaborará plenamente con las autoridades provinciales y subrayó que el objetivo es restablecer la confianza pública: “Los habitantes de Montreal merecen conocer toda la verdad sobre lo sucedido”.
Mientras la investigación avanza, el caso ya ha generado una fuerte conmoción política y social, con llamados a revisar las prácticas policiales en uno de los episodios más delicados para la ciudad en los últimos años.
