Ottawa (Canadá), 6 de abril.- El Gobierno de Canadá puso en marcha desde el 1 de abril una nueva política denominada “30 días o gratis”, que garantiza el reembolso completo del costo del pasaporte si el trámite supera el plazo establecido de 30 días hábiles.
La medida, impulsada por Gobierno de Canadá, surge tras los importantes retrasos registrados en los últimos años, cuando la demanda de pasaportes se disparó luego del levantamiento de las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.
A partir de ahora, los solicitantes que no reciban su documento dentro del plazo estipulado podrán acceder a un reembolso total de la tarifa, siempre que el retraso sea atribuible al servicio federal.
Las autoridades subrayan que la mayoría de los pasaportes se procesan dentro de un período estándar de entre 10 y 20 días hábiles, por lo que la nueva política busca reforzar la confianza en el sistema y garantizar mayor eficiencia.
Condiciones y excepciones
El plazo de 30 días comienza a contar desde el momento en que la solicitud completa es recibida por las autoridades, y no incluye el tiempo de envío por correo.
Asimismo, la garantía no aplica a todos los casos, quedando excluidos los servicios urgentes y exprés, que operan bajo condiciones distintas.
El gobierno justificó la medida señalando que los ciudadanos deben ser compensados cuando el servicio público no cumple con los estándares establecidos.
Ajuste de precios vinculado a la inflación
En paralelo, Ottawa aprobó un mecanismo que vincula el costo de los pasaportes al índice de precios al consumidor (IPC), lo que implica ajustes automáticos en función de la inflación.
Desde el 31 de marzo, las tarifas aumentaron un 2,7%, en línea con la inflación registrada en abril de 2024.
Con esta actualización, el precio de un pasaporte estándar solicitado dentro de Canadá se sitúa en 122,50 dólares, mientras que el documento con vigencia de 10 años alcanza los 163,50 dólares.
Para solicitudes realizadas desde el extranjero, el costo de un pasaporte de 10 años asciende a 266,25 dólares.
La combinación de garantía de servicio y ajuste de precios refleja un intento del gobierno canadiense por modernizar el sistema y evitar una repetición de la crisis de retrasos que afectó a miles de ciudadanos en los últimos años.
