Madrid, 18 Marzo.- El Senado aprobó este miércoles la ley para combatir la multirreincidencia, iniciativa impulsada por Junts, incorporando varias enmiendas que endurecen la ley de extranjería y que obligarán a que la norma vuelva al Congreso para su revisión.
El texto modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tipificando como delitos el robo de móviles —con penas de hasta tres años—, el ‘petaqueo’ marítimo, y los robos de herramientas y materiales en el campo.
Cambios en la ley de extranjería
Una enmienda del PP introduce un artículo sobre “garantías frente a la impunidad y refuerzo de la seguridad en España”, que exige que los solicitantes de residencia carezcan de antecedentes penales, no solo en España, sino también en los países donde hayan residido previamente.
El senador del PP, Juan Bautista Milián, defendió los cambios: “Exigir solo una declaración responsable es convertir a España en el mayor coladero de delincuentes de Europa. Es hacerle el juego sucio a las mafias”.
Reacciones de la oposición
El senador del PSOE, José María Oleaga, criticó la norma por criminalizar la inmigración y acusó al PP de “comprar la agenda ultra” de Vox. Dionís Oña advirtió que no hay justificación para la expulsión automática de un extranjero sin considerar la gravedad del delito o su situación familiar.
ERC se abstuvo, calificando la ley de “inútil y cruel” y alertando de que el punitivismo podría incrementar la violencia delincuencial. EH Bildu la tildó de “reforma placebo”, mientras que Junts, representado por Eduard Pujol, defendió la norma como respuesta a la multirreincidencia, que considera una “auténtica pesadilla” para la convivencia.
Vox reclamó medidas más duras, como la expulsión inmediata de quienes cometan delitos repetidamente y la prohibición de acogerse a procedimientos de arraigo o residencia en caso de antecedentes.
Enmiendas adicionales
Entre los cambios, se incorporaron:
- Informe policial completo para autorizaciones de estancia y residencia (PP).
- Ampliación de fiscalías con al menos un fiscal por cada 100.000 habitantes en un plazo máximo de dos años (PP).
- Subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico vinculado a cultivos ‘indoor’ de marihuana, con penas de 6 a 18 meses de prisión o multas de 12 a 24 meses (PSOE).
- Posibilidad de que entidades locales ejerzan acción penal en delitos de hurto (Vox).
El texto volverá al Congreso para su aprobación final, donde el PSOE ya ha advertido que introducirá correcciones a las enmiendas del Senado.
