TORIBÍO (COLOMBIA), 1 mar.- Aspirar a un escaño en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, implica recorrer carreteras vigiladas por actores armados, enfrentar restricciones de movilidad y depender del acompañamiento permanente de la guardia indígena, en una región donde la violencia sigue marcando el pulso de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.
«Fuimos interceptados por un grupo armado y nos expresaron que no podíamos transitar estos territorios», relató la candidata campesina Claudia Liliana Ruiz, quien aspira a representar la subregión Alto Patía y Norte del Cauca. La intervención de la guardia indígena —mecanismo comunitario de protección— permitió mediar con los hombres armados y continuar el recorrido hacia Toribío, donde tenía actividades de campaña.
Ruiz aseguró que el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependiente del Ministerio del Interior, resulta insuficiente frente a la complejidad del conflicto. «Nos asignaron una persona de seguridad y un chaleco antibalas, desconociendo lo álgido que es el conflicto en nuestros territorios», afirmó.
Diez años después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la candidata lamenta que muchas iniciativas sigan sin implementarse, mientras en el Cauca operan disidencias de esa guerrilla y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este último anunció un cese al fuego unilateral del 7 al 10 de marzo con motivo de las elecciones.
Situaciones similares ha vivido Esneyder Gómez Salamanca, candidato indígena del pueblo nasa a la misma circunscripción especial, quien denunció que el vehículo en el que se movilizaba fue impactado por un disparo el año pasado cuando se dirigía a Popayán, capital departamental. «Convivir con actores armados en el territorio es una cuestión compleja (…) pero es un trabajo comunitario y las comunidades nos llaman», expresó, al destacar el respaldo de la guardia indígena como su principal apoyo en seguridad.
Según la ONU, en 2025 se registraron en Colombia 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra líderes políticos, incluidos aspirantes a las circunscripciones especiales de paz creadas tras el acuerdo de 2016.
La campaña electoral también ha estado marcada por incidentes como el secuestro temporal de la senadora Aída Quilcué el pasado 10 de febrero y la retención de la líder indígena Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes. Ambas fueron interceptadas en carreteras por hombres armados que les hurtaron vehículos y pertenencias antes de dejarlas en libertad horas después.
Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo, que darán paso a las presidenciales previstas para el 31 de mayo, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria.
