MADRID, 24 FEB.- El cantante Julio Iglesias ha emprendido acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras unas declaraciones públicas que, según el artista, han causado un grave perjuicio a su honor y reputación.
El abogado del intérprete, José Antonio Choclán, ha remitido un escrito en el que exige a la ministra una rectificación pública por los mensajes difundidos en la red social Bluesky, en los que Díaz se refirió a supuestos “abusos sexuales” y a una presunta “situación de esclavitud” sufrida por trabajadoras al servicio del cantante. Iglesias advierte que, si no se produce esa rectificación, presentará una querella ante los tribunales.
Reclamación de rectificación e indemnización
Según el documento recogido por Europa Press, la defensa del artista también solicita una indemnización económica cuya cuantía debería fijarse “en función del grave daño social producido”. El escrito califica las manifestaciones de la vicepresidenta como “injuriosas y calumniosas” y reclama tanto una reparación reputacional como una compensación económica.
El texto sostiene que Díaz, en su condición de alto cargo público, habría emitido “claros prejuicios de culpabilidad” contra Iglesias, primero a través de una red social y posteriormente en un programa de televisión, contribuyendo —según la defensa— a generar un “juicio paralelo” que habría lesionado su honor e imagen pública.
Origen de la controversia
La polémica se remonta al 13 de enero, cuando Yolanda Díaz compartió en Bluesky una noticia relacionada con acusaciones formuladas por extrabajadoras del cantante. En su publicación añadió comentarios en los que hablaba de “escalofriantes testimonios” y mencionaba “abusos sexuales” y “una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Al día siguiente, la ministra intervino en un programa de televisión donde se abordaron esas denuncias. En dicha intervención afirmó que las extrabajadoras se encontraban en “una posición de inferioridad extrema” y que la investigación conocida públicamente resultaba “aterradora”, al concentrar —según sus palabras— vulneraciones de derechos humanos.
Archivo de las actuaciones
Las acusaciones no prosperaron judicialmente. En un decreto publicado en enero, el Ministerio Fiscal acordó el archivo por “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.
La defensa de Iglesias considera que, pese a ese archivo, las declaraciones de la vicepresidenta consolidaron ante la opinión pública una imagen de culpabilidad que no ha sido respaldada por resolución judicial alguna.
Exigencias previas a la vía penal
En el escrito remitido a Díaz, el cantante reclama que la vicepresidenta reconozca expresamente el carácter “gravemente injurioso y calumnioso” de sus manifestaciones y admita que sus palabras constituyeron un “indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial”.
El documento subraya que, de no producirse una rectificación en los términos solicitados, se procederá a interponer la correspondiente querella. De este modo, el conflicto podría trasladarse a los tribunales, donde se dirimiría si las declaraciones realizadas por la dirigente política vulneraron el derecho al honor del artista.
