Bogotá, 12 de febrero.– El reclutamiento forzado de menores en Colombia por parte de grupos armados ilegales se cuadruplicó en los últimos cinco años, en medio de un recrudecimiento de la violencia y la falta de oportunidades en zonas vulnerables del país, advirtió este jueves UNICEF al presentar cifras basadas en el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre niñez y conflicto armado.
De acuerdo con los datos verificados por Naciones Unidas, mientras en 2020 se registraron 116 casos de reclutamiento infantil, en 2024 la cifra ascendió a 453. No obstante, la agencia de la ONU alertó que el número real podría ser mayor debido al subregistro, causado en muchos casos por el temor de las familias a sufrir represalias por parte de los grupos ilegales.
“No sólo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras”, señaló la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat. “Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia”.
El fenómeno persiste pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016. El vacío territorial dejado por esa organización fue ocupado por otras estructuras armadas, incluidas disidencias que hoy se disputan el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Según UNICEF, el incremento del reclutamiento infantil responde a la escalada de violencia en los territorios, la pobreza estructural, la falta de acceso a educación y la limitada presencia del Estado en servicios sociales e infraestructura. “A menudo los niños y niñas se ven obligados a alistarse para ayudar a sus familias o para escapar de la violencia en su hogar. Otros lo hacen tras recibir amenazas contra su seguridad”, detalla el informe.
“Tratados como mercancías”
Un informe reciente del International Crisis Group titulado “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia” advierte que los menores son captados mediante engaños y falsas promesas, e incluso comercializados como si fueran mercancías.
Elizabeth Dickinson, analista senior del organismo, explicó que existen al menos dos modalidades de captación. La primera se realiza directamente desde el interior de los grupos armados, cuyos miembros identifican niños en situación de vulnerabilidad y les ofrecen alimentos, protección o vínculos afectivos para ganarse su confianza.
“Identifican niños con necesidades y se las dan: si tienen hambre, les llevan comida; si la niña está sola, la enamoran. En muchos casos es una persona conocida de la familia, lo que hace difícil resistir el reclutamiento”, señaló Dickinson.
La segunda modalidad involucra a “reclutadores independientes” que no pertenecen formalmente a las estructuras armadas, pero se dedican a captar menores y venderlos al grupo que pague más. Según testimonios recogidos por la organización, el valor asignado depende de las características del menor. Una niña puede ser vendida por hasta un millón de pesos colombianos (unos 272 dólares), mientras que un niño puede costar alrededor de 500.000 pesos (135 dólares).
Las redes sociales también se han convertido en una herramienta clave para atraer y contactar a menores, una tendencia que preocupa a organismos internacionales.
Un lastre histórico del conflicto
El reclutamiento de menores en Colombia ha sido una práctica recurrente durante décadas de conflicto armado interno. Según el Tribunal de Paz, las extintas FARC reclutaron al menos a 18.677 niños entre 1971 y 2016. Aunque la guerrilla acordó suspender esta práctica antes de la firma del acuerdo de paz, otros grupos armados continuaron incorporando menores a sus filas.
El gobierno colombiano ha señalado a las disidencias de las FARC como los principales responsables en la actualidad. De acuerdo con estimaciones oficiales, la estructura liderada por alias “Iván Mordisco” estaría conformada en un 37% por menores de edad.
La política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro abrió mesas de diálogo con diferentes actores armados e incluyó compromisos para proteger a la niñez. Sin embargo, expertos advierten que varios acuerdos no han sido implementados o quedaron suspendidos tras la ruptura de negociaciones.
Las consecuencias del fenómeno han sido letales. En noviembre pasado, al menos siete menores murieron durante un bombardeo militar contra disidencias de las FARC. Aunque al inicio del actual gobierno se suspendieron los bombardeos cuando existía sospecha de presencia de niños en campamentos ilegales, posteriormente la estrategia fue modificada.
“Ellos hacen un perímetro de niños alrededor de los comandantes con más poder para prevenir bombardeos y combates, porque asegura que los primeros muertos serán los niños”, explicó Dickinson.
La advertencia de UNICEF vuelve a poner en el centro del debate la urgencia de fortalecer la presencia estatal en territorios históricamente golpeados por la violencia y de garantizar oportunidades reales para la niñez, en un país donde el conflicto armado sigue cobrando víctimas entre los más vulnerables.