Ottawa, 11 feb.- El Partido Conservador de Canadá presentó este martes una moción en la Cámara de los Comunes para prohibir que no ciudadanos condenados por delitos graves puedan presentar solicitudes de refugio o asilo en el país, en medio de una creciente preocupación por los recientes casos de extorsión registrados en Columbia Británica.
La propuesta, impulsada por la crítica conservadora de inmigración, Michelle Rempel Garner, también busca impedir que personas con procesos judiciales pendientes puedan presentar reclamaciones de asilo mientras sus casos estén en trámite ante los tribunales.
Rempel Garner argumentó que el actual sistema contiene “vacíos legales” que permiten a individuos señalados por delitos graves retrasar o frenar su deportación alegando condición de refugiado. Según explicó ante el Parlamento, más de una docena de sospechosos vinculados a una presunta “epidemia de extorsión” en Columbia Británica solicitaron estatus de refugiado cuando comenzaron los procesos para expulsarlos del país.
“Cada estadística representa seres humanos reales cuyas vidas y comunidades han sido destrozadas”, afirmó la diputada, al describir amenazas contra pequeños empresarios, tiroteos contra comercios y viviendas, así como incendios provocados que han generado temor en varias ciudades.
De acuerdo con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), hasta el 20 de enero se investigaban 111 extranjeros potencialmente inadmisibles por presuntas violaciones relacionadas con la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, y nueve personas ya habían sido deportadas. La agencia subrayó que presentar una solicitud de refugio no exime a nadie de enfrentar consecuencias legales.
Sin embargo, expertos legales cuestionaron la necesidad de la moción conservadora. Audrey Macklin, profesora de derecho de la Universidad de Toronto, señaló que la legislación vigente ya permite negar el estatus de refugiado a personas declaradas culpables de delitos graves. “No se trata realmente de resolver un problema real, sino de enviar un mensaje de mano dura”, afirmó.
El debate surge tras una ola de casos de extorsión en Surrey y otras ciudades de Columbia Británica. El primer ministro provincial, David Eby, ha pedido al gobierno federal cerrar las “lagunas legales” que, según sostiene, dificultan la deportación de sospechosos. El consejo municipal de Surrey incluso ha solicitado declarar un estado de emergencia federal ante los 35 incidentes reportados solo en enero.
Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, calificó la extorsión como un delito grave y aseguró que ya existen “leyes estrictas” para abordar el problema. Fraser propuso endurecer las normas de fianza y sentencia para reincidentes, e instó a los partidos a colaborar para desmantelar las redes criminales.
La moción conservadora se alinea con resoluciones aprobadas recientemente en la convención del partido en Calgary, donde delegados pidieron reformas al sistema de inmigración y justicia, argumentando que los contribuyentes no deberían asumir costos relacionados con la “rehabilitación de ciudadanos extranjeros”.
El debate sobre inmigración, seguridad pública y solicitudes de asilo se perfila así como uno de los temas centrales en la agenda política canadiense en las próximas semanas.