Caracas, 9 feb.— La excarcelación de Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado, duró apenas unas horas. En la madrugada de este lunes, el opositor fue detenido nuevamente por las autoridades venezolanas, en una decisión que reaviva las denuncias de arbitrariedad, persecución política y uso discrecional de las medidas judiciales por parte del Estado.
La Fiscalía General, controlada por el oficialismo, anunció que Guanipa habría violado las condiciones de su liberación, lo que motivó la revocatoria de las medidas cautelares. En un comunicado escueto, el Ministerio Público recordó que las excarcelaciones recientes no implican libertad plena, sino regímenes condicionados que pueden ser revertidos sin mayor explicación. Según el organismo, Guanipa fue sometido a un régimen de detención domiciliaria, aunque sin precisar si ya fue trasladado formalmente a su residencia ni bajo qué parámetros se ejecutó la medida.
Horas antes de su nueva detención, Guanipa había recorrido centros de detención en Caracas, se reunió con familiares de presos políticos y ofreció declaraciones a la prensa, en las que habló abiertamente de la necesidad de reconstruir un país democrático. Estas acciones, habituales en cualquier sistema democrático, son consideradas por el aparato judicial venezolano como incumplimientos, dado que las medidas sustitutivas suelen incluir prohibiciones de contacto con medios y de participación política, restricciones que organizaciones de derechos humanos califican como mordazas legales.
La forma en que se produjo la detención volvió a encender alarmas. Según denunció María Corina Machado, Guanipa fue interceptado cerca de la medianoche en un barrio residencial de Caracas por hombres armados, vestidos de civil, que se movilizaban en varios vehículos.
“Violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, escribió la líder opositora en la red X.
El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, reforzó la denuncia al afirmar que fue un “grupo de aproximadamente diez personas no identificadas” el que ejecutó la captura, describiendo al menos tres vehículos involucrados. Antes de que la Fiscalía confirmara la detención, la familia exigió públicamente fe de vida inmediata, un reclamo recurrente en un país donde las detenciones irregulares y los traslados sin notificación se han vuelto práctica común.
La nueva detención se produce en un contexto de liberaciones parciales y altamente condicionadas, impulsadas tras la presión internacional sobre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Desde entonces, el Ejecutivo ha anunciado la liberación de “un número significativo” de presos políticos, aunque organizaciones civiles denuncian lentitud, opacidad y selectividad en el proceso.
Guanipa había pasado más de ocho meses encarcelado, acusado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de integrar un supuesto “grupo terrorista” destinado a boicotear elecciones legislativas. La acusación nunca fue sustentada con pruebas públicas y fue rechazada de plano por su familia y por organismos de derechos humanos, que lo consideran un preso de conciencia.
“Pensar distinto no puede ser criminalizado en Venezuela”, afirmó entonces su hermano, Tomás Guanipa.
El domingo, tras recuperar la libertad, el exgobernador declaró ante periodistas:
“Estoy convencido de que nuestro país ha cambiado completamente. Ahora nos corresponde enfocarnos en la construcción de un país libre y democrático”. Sus palabras, lejos de marcar una reconciliación, parecieron acelerar una respuesta represiva inmediata.
La ONG Foro Penal confirmó la liberación de al menos 30 personas durante el fin de semana, entre ellas varios dirigentes vinculados al entorno de Machado, como María Oropeza y el abogado Perkins Rocha. Sin embargo, el caso de Guanipa refuerza la percepción de que las excarcelaciones funcionan como instrumentos de control político, más que como un giro real hacia el respeto de las garantías fundamentales.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, debate un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de detenidos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que “todos” serían liberados a más tardar la próxima semana tras su aprobación. No obstante, la oposición y las ONG observan el proceso con optimismo cauteloso, reclamando transparencia, garantías jurídicas reales y el fin de las detenciones arbitrarias.
En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, mantiene contactos con el Ejecutivo venezolano. Su portavoz informó que un equipo fue enviado al país para colaborar en una hoja de ruta hacia el diálogo y la reconciliación, subrayando que los derechos humanos deben estar en el centro del proceso.
La rápida reclusión de Guanipa tras su excarcelación vuelve a poner en evidencia que, en Venezuela, la libertad sigue siendo frágil, reversible y condicionada al silencio político, en un sistema donde la justicia opera más como herramienta de control estatal que como garante de derechos.