Madrid, 1 feb.- La regularización de migrantes impulsada por el Gobierno, que beneficiará a aproximadamente medio millón de personas, llegará por primera vez al Parlamento el próximo miércoles mediante una moción del PP en el Senado, con el objetivo de mostrar su rechazo a la medida. Los populares consideran que esta iniciativa es un instrumento arbitrario, sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial.
La medida, promovida por el PSOE en acuerdo con Podemos, se tramitará como real decreto y concederá permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras sin papeles que hayan vivido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre pasado, así como a los solicitantes de asilo que pidieron protección antes de esa fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.
El próximo miércoles, el PP buscará en el Senado apoyo para denunciar que la regularización sustituye el debate parlamentario, carece de respaldo técnico, presupuestario y territorial, y constituye un incentivo estructural a la inmigración ilegal y a las mafias de tráfico de personas. La moción acusa al Ejecutivo de ejecutar esta regularización sin memoria económica, sin planificación del impacto en los servicios públicos y sin reforzar previamente las fronteras ni los sistemas de retorno, cuando España solo ejecuta el 17 % de las órdenes de expulsión dictadas.
El partido considera que la iniciativa representa una quiebra del principio de legalidad y de la cultura del esfuerzo, genera un agravio comparativo para quienes han respetado las normas de entrada y permanencia en España, amenaza la coherencia del sistema europeo de migración y asilo y constituye un incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico de personas.
El PP exige respeto al Parlamento y sostiene que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio debe tramitarse por vía legislativa ordinaria, con participación de los grupos parlamentarios, comparecencias de expertos y memoria de impacto económico y social.
El Gobierno ha defendido la medida, asegurando que no genera efecto llamada si se establece un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes. Además, ha insistido en que la irregularidad es “el mejor negocio para quienes explotan personas”.
El Grupo Izquierda Confederal ha presentado una enmienda de sustitución a la moción del PP, instando al Gobierno a continuar con la tramitación de la iniciativa dentro de los plazos establecidos, garantizando la seguridad jurídica y respetando el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular, que recogió más de 700.000 firmas para lograr esta regularización.
