Editorial, 1 Febrero.- Durante más de dos décadas, el continente americano ha sido testigo del avance implacable de una metástasis ideológica que nació en las mazmorras caribeñas y se expandió como plaga por toda Latinoamérica. Lo que comenzó con el rescate financiero de la moribunda tiranía cubana por parte de Hugo Chávez —quien dilapidó los recursos petroleros venezolanos para oxigenar al régimen de los Castro— terminó convirtiéndose en la red criminal transnacional más sofisticada y devastadora que ha conocido el hemisferio occidental.
Este engendro totalitario, disfrazado bajo el eufemismo propagandístico del «socialismo del siglo XXI», no es más que una empresa delictiva de dimensiones continentales. Su estrategia resulta tan perversa como efectiva: revestir el terror de Estado con un manto de legalidad fabricada, transformando la represión brutal en sentencias judiciales y convirtiendo calabozos de tortura en supuestas instituciones de justicia.
La perversión institucional como arma de sometimiento en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia
Los arquitectos de esta barbarie diseñaron un sistema diabólico: primero, destruyeron desde adentro las constituciones democráticas mediante asambleas constituyentes fraudulentas y reformas legislativas espurias. Luego, sobre las ruinas del Estado de Derecho, erigieron un aparato pseudo-jurídico cuyo único propósito es legitimar el crimen organizado desde el poder.
Cuba perfeccionó el modelo durante décadas de opresión comunista. Venezuela lo importó y lo industrializó bajo el chavismo. Nicaragua, Bolivia y Ecuador cayeron bajo su influencia dictatorial. Incluso naciones que conservaron estructuras democráticas, como Argentina durante la era kirchnerista, sufrieron intentos de infiltración de esta metodología totalitaria.
El concepto de «ley infame» —normativa formalmente válida pero moralmente abyecta por vulnerar derechos fundamentales— constituye la columna vertebral de este sistema represivo. No se trata de errores legislativos ni excesos puntuales: es la judicialización sistemática y premeditada de la persecución política. Es terrorismo de Estado institucionalizado, diseñado para paralizar mediante el miedo cualquier resistencia ciudadana.
Fiscales y jueces: los verdugos con toga del régimen madurista
Los regímenes totalitarios del castro-chavismo desmantelaron completamente la independencia judicial en América Latina. En su lugar, instalaron una casta de operadores jurídicos que funcionan como ejecutores de órdenes políticas. Estos individuos —que prostituyen los títulos de fiscales y magistrados— actúan como verdaderos sicarios institucionales.
Son verdugos porque aplican castigos aberrantes contra inocentes, obedeciendo instrucciones que fraudulentamente revisten como «resoluciones judiciales». Son asesinos de reputaciones y, en numerosos casos, cómplices de asesinatos físicos. Falsifican pruebas, prevaricar constituye su rutina diaria, y operan en total impunidad en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Estos delincuentes con credenciales judiciales continúan en funciones, perpetrando crímenes contra la humanidad bajo el disfraz de la institucionalidad. Tarek William Saab en Venezuela representa el símbolo perfecto de esta justicia corrupta al servicio de la dictadura.
Las víctimas: patriotas criminalizados por defender la libertad y la democracia
Miles de hombres y mujeres valientes sufren persecución política, encarcelamiento arbitrario o exilio forzado por el «delito» de oponerse a la tiranía socialista. Líderes políticos, activistas cívicos, periodistas independientes, militares leales a la Constitución, religiosos que defienden la dignidad humana —nadie escapa a la maquinaria represiva del castro-chavismo.
Las acusaciones fabricadas contra estos presos políticos buscan un doble propósito: destruir moralmente a los disidentes mediante la difamación sistemática, y generar terror paralizante en la población. Los represores lo llaman cínicamente «vacuna» —una advertencia brutal para disuadir cualquier intento de resistencia contra el régimen.
Quienes no logran ser encarcelados son forzados al exilio o la clandestinidad. Pero la persecución no termina en las fronteras: el castro-chavismo utiliza los recursos diplomáticos de los Estados capturados para solicitar extradiciones fraudulentas y perpetrar asesinatos transnacionales. Los casos del teniente venezolano Ronald Ojeda, torturado y ejecutado en Chile, y los nicaragüenses asesinados en Honduras y Costa Rica, demuestran que ningún refugio resulta seguro frente al terrorismo de Estado.
La farsa de la «liberación» condicional: presos políticos sin verdadera libertad
Las cifras documentadas de violaciones a los derechos humanos resultan espeluznantes: 1,204 presos de conciencia en Cuba según Prisoners Defenders; 711 presos políticos en Venezuela reportados por el Foro Penal; 62 en Nicaragua verificados por el Mecanismo Internacional; más de 200 en Bolivia según Global Human Rights League.
Pero incluso cuando los regímenes «liberan» prisioneros políticos, se trata de una nueva forma de tortura judicial. Los llamados «beneficios procesales» mantienen vigentes los juicios fraudulentos, imponen mordazas para silenciar testimonios sobre las atrocidades sufridas, y convierten a las familias en rehenes permanentes. Estos patriotas quedan en muerte civil: fuera de la cárcel física, pero encarcelados en un sistema que los mantiene bajo amenaza constante de la dictadura.
Venezuela tras la caída de Maduro: el principio del fin del totalitarismo socialista
La captura del narco-tirano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión histórico en la lucha contra el socialismo del siglo XXI. Aunque se han iniciado liberaciones de presos políticos y la criminal Delcy Rodríguez anuncia amnistías y el cierre del siniestro Helicoide, la verdadera libertad y democracia requieren mucho más.
La justicia auténtica exige la extinción total de los procesos judiciales fraudulentos, la inclusión de exiliados y perseguidos políticos —civiles y militares—, la abrogación completa de todas las leyes infames, y fundamentalmente: cero impunidad para los violadores de derechos humanos en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.
Los instaladores y operadores de este terrorismo de Estado deben enfrentar tribunales legítimos. La reconciliación sin justicia es complicidad. La paz sin rendición de cuentas es cobardía ante los crímenes del comunismo.
El continente americano tiene una deuda histórica con las víctimas del castro-chavismo. Ha llegado el momento de saldarla con verdad, justicia y la restauración plena de la libertad democrática.