Washington, 29 enero.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, enfrenta crecientes llamados a su destitución tras la muerte a tiros de dos manifestantes en Minneapolis durante protestas contra redadas migratorias. Líderes demócratas, legisladores centristas e importantes organizaciones han exigido que Noem dé un paso al costado, mientras pocos republicanos la defienden públicamente.
“El país está disgustado por lo que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional”, afirmaron los principales demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (NY), Katherine Clark (MA) y Pete Aguilar (CA). “Kristi Noem debería ser despedida de inmediato, o comenzaremos procedimientos de destitución en la Cámara de Representantes”.
El presidente Trump respaldó a Noem, defendiendo su labor y asegurando que su posición no corre peligro inmediato. “¿Quién cerró la frontera? Ella lo hizo”, afirmó Trump, destacando el papel de Noem y de la Patrulla Fronteriza en la política migratoria de su administración.
El enfrentamiento político llega en un momento crítico: la Cámara y el Senado buscan supervisión y posibles restricciones a las operaciones de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras que la mayoría republicana ha reforzado la financiación del departamento.
Líderes republicanos como Thom Tillis (Carolina del Norte) y Lisa Murkowski (Alaska) han expresado dudas sobre el desempeño de Noem, sugiriendo que podría ser hora de su renuncia. Por otro lado, el liderazgo conservador en la Cámara apoya continuar el financiamiento y la política migratoria de Trump.
El caso se ha convertido en un punto de inflexión político, evidenciando el creciente uso de investigaciones de destitución como herramienta contra funcionarios federales, una práctica cada vez más común en la política estadounidense contemporánea.
Más de 160 demócratas de la Cámara ya han firmado una resolución de destitución, liderada por Robin Kelly (Illinois), en respuesta a las muertes en Minneapolis y posibles irregularidades en la implementación de políticas migratorias.
