Lima, 21 ene.- El presidente de transición de Perú, el derechista José Jerí, aseguró este martes que no renunciará a su cargo pese a la controversia generada por las reuniones semiclandestinas que mantuvo con el empresario chino y contratista del Estado Zhihua Yang, y afirmó que se está intentando “desestabilizar” su Gobierno y alterar el proceso electoral previsto para la primera mitad de 2026.
“No, uno renunciaría si tuviera algo que ocultar. Yo no le he mentido al país, no he hecho nada ilícito”, declaró Jerí en entrevista con Canal N, agregando que la situación se está utilizando para atacar la investidura presidencial.
El mandatario señaló que algunos actos cotidianos, como visitar un restaurante chifa o realizar compras en una tienda, han sido distorsionados como hechos irregulares. Jerí cumplió recientemente 100 días de gestión tras asumir la presidencia por su posición como presidente del Congreso, luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025).
Reveló que este miércoles acudirá a la comisión parlamentaria de Fiscalización para explicar las reuniones fuera del registro oficial con Zhihua Yang: una el 26 de diciembre de 2025, en un restaurante donde se presentó encapuchado, y otra el 6 de enero de 2026 en la tienda del empresario, que horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales. Jerí precisó que en el chifa conversaron sobre la celebración del Día de la Amistad Perú-China, prevista para el 1 de febrero, y que su visita a la tienda fue para comprar caramelos y cuadros, sin conocimiento de su clausura.
El mandatario ratificó que no mantendrá ninguna relación de amistad con Zhihua Yang y defendió al primer ministro, Ernesto Álvarez, asegurando que seguirá en el cargo. Además, indicó que ha visitado otras veces locales de Yang, por lo que podrían existir más videos de esas interacciones.
En su comparecencia ante el Congreso, Jerí también deberá explicar su vínculo con otro empresario chino, Ji Wu Xiaodong, investigado por un presunto tráfico ilegal de madera y quien habría ingresado al Palacio de Gobierno hasta en tres ocasiones pese a tener orden de arresto domiciliario vigente.
La polémica se suma al contexto político previo a las elecciones de 2026, generando un clima de especulación y tensión sobre la estabilidad del Gobierno de transición.
