LIMA, 22 oct.— Las fuerzas de seguridad de Perú realizaron una serie de operativos simultáneos en Lima y el Callao que dejaron decenas de detenidos e incluyeron intervenciones en prisiones con alto nivel de hacinamiento, como parte de las primeras medidas del estado de emergencia decretado por el Gobierno de transición de José Jerí para combatir la creciente criminalidad en la capital y su zona metropolitana.
Durante la madrugada del miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) puso en marcha el Plan Destello, una nueva estrategia de seguridad que contempla el despliegue de unidades especiales en lo que el Ejecutivo ha descrito como “una ofensiva total contra la delincuencia”.
En el distrito de La Victoria, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) desarticularon una banda dedicada al robo agravado y al tráfico ilícito de drogas, deteniendo a 24 personas, de las cuales 21 son extranjeras. En paralelo, otras operaciones se llevaron a cabo en San Juan de Lurigancho, Chaclacayo y Chosica, con controles a conductores y allanamientos para detectar armas, drogas y objetos ilegales.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que se realizaron requisas simultáneas en los penales de Lurigancho y Ancón, donde se hallaron armas blancas, celulares, libretas y un dispositivo de comunicación satelital. Además, anunció la restricción de visitas a los internos —ahora cada quince días— y un “apagón electrónico” que limitará el uso de energía solo para iluminación, impidiendo la carga de dispositivos eléctricos.
“No van a poder cargar ningún tipo de artefacto eléctrico. También se hará un barrido para detectar antenas ilegales alrededor de los penales”, explicó Martínez.
El presidente de transición, José Jerí, supervisó personalmente las operaciones desde el comando avanzado en San Juan de Lurigancho, acompañado por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Defensa, César Díaz. “Estamos iniciando un cambio de rumbo. Este estado de emergencia marca el paso de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”, declaró el mandatario.
El estado de emergencia, con una duración inicial de 30 días, suspende derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, y autoriza la participación del Ejército junto a la Policía Nacional. Además, se prohíbe el traslado de dos personas en motocicleta, medida que ya comenzó a aplicarse pese al rechazo de los transportistas.
El ministro del Interior subrayó que la prioridad será reforzar la inteligencia policial operativa, mientras el Gobierno busca “recuperar el control del territorio y restablecer la seguridad ciudadana”.
La medida llega tras paros de transportistas y protestas sociales que exigían acciones efectivas ante el auge del crimen organizado, una crisis que contribuyó a la destitución de Dina Boluarte por el Congreso el pasado 9 de octubre.
“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, sentenció Jerí al anunciar el operativo, prometiendo que su gestión “cambiará la historia de la seguridad en el Perú”.
