Lima, 19 sep.- La Fiscalía de Perú presentó ante la Corte Suprema una demanda para declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori e identificado como uno de los principales aliados políticos de la presidenta Dina Boluarte. El documento de 364 páginas, firmado por la fiscal general Delia Espinoza, acusa a la agrupación fujimorista de realizar actividades contrarias a los principios democráticos y de vulnerar de manera “sistemática” libertades y derechos fundamentales.
Según la acusación, el partido habría promovido ataques y persecuciones contra magistrados, funcionarios, opositores políticos y periodistas, afectando la integridad de las instituciones democráticas en el país. La denuncia, revelada un día antes de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe suspender a Espinoza de su cargo por un caso de desobediencia en otra investigación, abre un nuevo frente de tensión en el escenario político peruano.
Keiko Fujimori respondió rápidamente a través de sus redes sociales, calificando el pedido de la fiscalía como “abiertamente antidemocrático”. Afirmó que la medida busca “sacar de la competencia política” a su partido a pocos meses de las elecciones generales programadas para abril de 2026. “Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, expresó la dirigente, quien ha postulado en tres ocasiones a la presidencia sin éxito.
El proceso judicial podría tener consecuencias trascendentales, ya que Fuerza Popular ha sido en los últimos años una de las fuerzas con mayor representación en el Congreso, influyendo directamente en la estabilidad de los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora de Dina Boluarte.
No es la primera vez que la fiscalía impulsa una acción de este tipo. En marzo pasado, el Tribunal Electoral canceló la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agrícolas, Universitarios, Reservistas y Obreros, acusado también de “conducta antidemocrática”, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema tras un proceso de ocho meses.
Mientras tanto, el futuro político de Keiko Fujimori continúa siendo incierto. Aunque todavía no ha confirmado si volverá a postularse en las elecciones de abril, el plazo para inscribir candidaturas vence a finales de diciembre. La resolución que adopte la Corte Suprema sobre la legalidad de Fuerza Popular podría definir no solo su rol en la próxima contienda, sino también el equilibrio político de cara a un proceso electoral ya cargado de tensiones y denuncias cruzadas.
