BOGOTÁ, 23 Agosto.- La Fiscalía General de la Nación presentó este sábado ante un juez de garantías a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, acusados de haber transportado y detonado camiones cargados con explosivos cerca de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, un ataque terrorista que dejó seis muertos y más de 60 heridos. La audiencia busca definir la situación jurídica de los presuntos responsables, quienes fueron capturados en flagrancia tras el atentado.
El Ministerio Público anunció que en las próximas horas se formalizarán los cargos por terrorismo y homicidio agravado, al considerar que los procesados trasladaron los vehículos con explosivos caseros hasta las inmediaciones de la base aérea y activaron los artefactos. Según la Fiscalía, ambos intentaron huir del lugar tras la explosión, pero fueron retenidos por la comunidad y entregados a la Policía.
Las autoridades atribuyeron el ataque a las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016. Las víctimas fueron en su mayoría civiles, lo que aumentó la indignación pública y llevó al gobierno a reforzar la seguridad en las principales ciudades del país.
El atentado de Cali ocurrió casi en simultáneo con otro hecho violento en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía fue blanco de un atentado con explosivos. La emboscada dejó 13 uniformados muertos y tres heridos. El presidente Gustavo Petro explicó en un mensaje en la red social X que los insurgentes habían preparado la zona con cilindros explosivos días antes. “Cuando los policías iban a entrar al helicóptero, activaron las cargas. Los uniformados que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación”, relató el mandatario.
La magnitud de los atentados obligó al gobierno a ofrecer una recompensa de 50.000 dólares por información que permita prevenir futuros ataques terroristas. Estados Unidos y organismos internacionales expresaron su condena inmediata y reiteraron su apoyo a Colombia en la lucha contra la violencia insurgente.
El gobierno de Petro ha defendido su estrategia de “paz total”, que busca negociar con todos los grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Sin embargo, la oposición cuestiona estos acercamientos, argumentando que solo generan incentivos para la impunidad y fortalecen a los actores armados.
“Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”, afirmó Petro en defensa de su política, aunque reconoció que las disidencias se han robustecido no por voluntad de diálogo, sino por el creciente consumo global de cocaína, que financia sus operaciones.
Con estos atentados, la seguridad en Colombia vuelve a ocupar el centro del debate político y social, en un momento en que el país enfrenta la disyuntiva entre avanzar en negociaciones de paz o endurecer la respuesta militar contra los grupos ilegales.
