Lima, 19 julio.- La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano archivó este viernes una de las denuncias presentadas por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por las muertes y heridos registrados durante las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Con 12 votos a favor y dos en contra, y sin debate previo, la subcomisión aprobó el informe del congresista José Jerí, del partido derechista Somos Perú, que concluyó que “no se han presentado elementos de convicción suficientes” para atribuir responsabilidad penal a los denunciados. Según Jerí, no se encontraron órdenes directas ni actuaciones dolosas que vincularan a Boluarte y su gabinete con los actos represivos que causaron al menos 44 muertes y 116 heridos en nueve regiones del país.
El archivo de la denuncia no impide que el Ministerio Público continúe con las investigaciones para establecer responsabilidades individuales. La denuncia constitucional, presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena el 30 de julio de 2024, acusaba a Boluarte y a los exministros de homicidio calificado, lesiones graves y leves, bajo la figura de comisión por omisión y dolo eventual, en el contexto de violaciones graves a los derechos humanos.
Entre los fallecidos, 41 murieron por proyectiles de arma de fuego, tres por golpes con objetos contundentes, y entre los heridos se reportaron casos por armas de fuego, bombas lacrimógenas y otros objetos, según la Fiscalía.
Los exministros implicados incluyen a Pedro Angulo y Alberto Otárola como presidentes del Consejo de Ministros; Otárola y Jorge Chávez como ministros de Defensa; y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero como titulares del Interior.
La denuncia archivada formaba parte de los procedimientos especiales que el Congreso debe autorizar para levantar el fuero a altos funcionarios del Estado. Esta decisión se da en un contexto de fuertes críticas al manejo del orden público durante el mandato de Boluarte, quien asumió la presidencia tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
