WASHINGTON, 27 junio.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictó este viernes un fallo histórico que limita drásticamente la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional contra acciones del Poder Ejecutivo, en una decisión que redefine el rol del poder judicial frente a la política presidencial. La votación fue de 6 a 3, con todos los magistrados designados por presidentes republicanos formando la mayoría.
El caso giró en torno a una orden ejecutiva impulsada por el expresidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía estadounidense a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Aunque tribunales federales en Maryland, Massachusetts y New Hampshire habían bloqueado la medida mediante órdenes judiciales con efecto en todo el país, la Corte Suprema falló que tales medidas exceden los poderes conferidos por el Congreso a los tribunales.
“La medida cautelar universal fue conspicuamente inexistente durante la mayor parte de la historia de nuestra Nación”, escribió la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria. Según el nuevo criterio, las medidas cautelares sólo podrán aplicarse a los demandantes específicos del caso, no a todas las personas potencialmente afectadas por una política federal.
Aunque el fallo no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento, sí altera radicalmente el modo en que se pueden impugnar políticas federales. La Corte otorgó un plazo de 30 días antes de que la orden ejecutiva entre en vigor, permitiendo así a las partes afectadas considerar nuevas acciones legales.
Trump celebra la decisión como un triunfo legal
El expresidente Donald Trump celebró el fallo como una “gran victoria” y lo vinculó con su postura de línea dura en temas migratorios. En un mensaje difundido en Truth Social, escribió: “¡Incluso el fraude de la ciudadanía por nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado! (…) Felicitaciones a la Fiscal General Pam Bondi, al Procurador General John Sauer y a todo el Departamento de Justicia”.
La declaración refuerza su estrategia de campaña para 2024, al tiempo que destaca el impacto de los jueces que él mismo nominó al máximo tribunal.
Duras críticas de las juezas liberales
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron enérgicamente. Jackson advirtió que el fallo “privará a millones de beneficiarios de Medicaid y otros programas federales de una libertad profundamente personal: la capacidad de decidir quién los trata en sus momentos más vulnerables”.
Sotomayor, por su parte, cuestionó la limitación de los remedios judiciales colectivos, señalando que la equidad en la justicia requiere flexibilidad en la protección de derechos frente a políticas generalizadas.
Implicaciones y nuevos escenarios jurídicos
Con esta decisión, los demandantes que deseen frenar la aplicación de políticas del Ejecutivo deberán presentar sus casos en cada jurisdicción donde busquen alivio. Esto podría llevar a un aumento de litigios paralelos, criterios divergentes entre cortes regionales y una mayor complejidad procesal.
El juez Brett Kavanaugh, que formó parte de la mayoría, sugirió como alternativas las demandas colectivas y las apelaciones a través del Administrative Procedure Act, pero estas opciones son más lentas y costosas.
El fallo también deja abierta la posibilidad de que los gobiernos estatales tengan un mayor margen de acción para presentar demandas con efectos más amplios, lo que abre nuevas estrategias para futuras disputas judiciales.
Fin de una era para las medidas cautelares nacionales
El uso de medidas cautelares universales ha sido una herramienta clave en años recientes para bloquear políticas migratorias, sanitarias y ambientales de las administraciones tanto republicanas como demócratas. Este fallo pone fin a esa práctica tal como se conocía hasta ahora, reconfigurando el equilibrio entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos.
Juristas y académicos coinciden en que el impacto de esta decisión se sentirá por años, al modificar profundamente la forma en que se enfrentan judicialmente las decisiones del gobierno federal.
