Lima, 24 jun.- Nuevas revelaciones agravan la crisis institucional en el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que un consejero —cuya identidad se mantiene en reserva— afirmara que el acuerdo original solo contemplaba la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema, no como titular del Ministerio Público. La declaración, publicada por el periodista César Romero en La República, ha puesto en entredicho la legalidad de la resolución que pretende devolverle el cargo de fiscal de la Nación.
Según esta fuente, los documentos sobre el caso Benavides le fueron entregados de manera informal —en un ascensor— y en ningún momento se mencionaba la reposición de Benavides como fiscal de la Nación. «Lo que hablamos era que (solo) se le reponía como fiscal suprema titular», habría afirmado el consejero a su círculo cercano.
Acta pendiente y resolución polémica
La supuesta decisión de restituir a Benavides como titular del Ministerio Público habría sido adoptada el 12 de junio, pero el acta de esa sesión aún no ha sido publicada, pese a los reiterados pedidos de la fiscal Delia Espinoza, quien fue elegida como fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos tras la suspensión de Benavides.
La única resolución formal —la N.º 231-2025-JNJ— fue suscrita únicamente por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, lo que ha despertado sospechas sobre su legalidad. Ríos no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema y ha sido denunciado por avocamiento indebido de proceso en trámite.
Fracaso en intento de conciliación
El lunes por la noche, fuera del horario laboral, Gino Ríos difundió un comunicado en el que invitaba a Delia Espinoza y Patricia Benavides a una reunión en la sede de la JNJ para buscar una «solución armoniosa». Sin embargo, la propuesta fracasó: aunque el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, aseguró que su clienta estaba dispuesta a asistir, Espinoza rechazó la invitación reafirmando que su elección sigue vigente.
“Mi elección como Fiscal de la Nación está plenamente vigente y ello ha sido reafirmado de manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”, expresó Espinoza.
Demanda de amparo en curso
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Espinoza, que busca anular la controvertida resolución de la JNJ. La audiencia única se celebrará el 8 de agosto. Por su parte, Patricia Benavides ha solicitado intervenir como litisconsorte, es decir, como parte interesada en el proceso, alegando su derecho a defender la resolución que la restituye.
“Cuento con interés para intervenir en el presente proceso y poder exponer los argumentos que considero sean necesarios para defender la legalidad y validez de la resolución”, indicó Benavides en su escrito judicial.
Análisis y consecuencias
La disputa ha dejado en evidencia fracturas internas en la JNJ y ha generado serias dudas sobre la transparencia y legalidad del procedimiento que buscaba devolver el mando a Patricia Benavides. La falta de publicación del acta del 12 de junio, la ausencia de un pronunciamiento formal por parte del pleno de la Junta de Fiscales Supremos y la resistencia de Espinoza a ceder el cargo podrían derivar en una crisis sin precedentes en la Fiscalía peruana.
El caso es observado de cerca tanto por el Congreso como por organismos de control institucional y asociaciones de juristas, ya que podría sentar un precedente negativo sobre la autonomía del Ministerio Público y el respeto al debido proceso en nombramientos y restituciones de altos cargos judiciales.
