Lima, 23 jun.- La Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exigió este lunes a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que reponga inmediatamente a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público, bajo amenaza de solicitar la intervención de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

En un oficio firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, se indica: “Requierase a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal suprema, para que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”.

El documento no está firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, sino por Martínez Hidalgo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de la orden.

Mientras Patricia Benavides ha anunciado que acudirá este lunes 23 a la Fiscalía para retomar su cargo, Delia Espinoza ha solicitado en tres ocasiones que se le remita el acta y video de la sesión en la que supuestamente se anuló la destitución de Benavides, argumentando que la resolución no cumple con las formalidades establecidas por la normativa interna de la JNJ.

El exfiscal supremo y vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas Villanueva, cuestionó la orden emitida por Martínez Hidalgo, señalando que dicha funcionaria “no cuenta con atribuciones ni autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación”. Además, descartó que Benavides se presente acompañada de policías para tomar el cargo por la fuerza.

Cubas denunció además una “clara injerencia del Poder Ejecutivo”, al señalar que la Policía Nacional del Perú, bajo el Ministerio del Interior, ya brinda seguridad a Benavides, mientras el ministro de Justicia no reconoce a Espinoza como fiscal de la Nación, lo que calificó como un “grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público y la institucionalidad democrática”.

El caso continúa generando tensiones en las instituciones y mantiene en vilo la estabilidad del Ministerio Público.

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