Lima, 16 dic.- La Presidencia de Perú aclaró este domingo que la jefa de Estado, Dina Boluarte, firmó de manera legítima las normas aprobadas durante el periodo de recuperación tras la cirugía a la que se sometió el año pasado, luego de que medios locales cuestionaran la autenticidad de su firma.
«Resulta necesario aclarar que las normas suscritas en el periodo del 26 de junio al 10 de julio de 2023, por la señora presidenta de la República han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes de Perú», indicó un comunicado difundido por la Presidencia en redes sociales.
Medios locales señalaron que entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, cuando Boluarte no realizó apariciones públicas tras una operación que no fue anunciada al Congreso, se aprobaron dos decretos supremos y una resolución que llevan su firma, la cual presuntamente difiere de otras anteriores.
En respuesta, la Presidencia rechazó «categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad de las normas firmadas por la señora presidenta» y aseguró que estas afirmaciones «carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar al gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país».
El comunicado concluyó reafirmando que todas las normas rubricadas por Boluarte «son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido». Además, resaltaron que la mandataria «trabaja incansablemente para garantizar el bienestar y la prosperidad de los peruanos», y subrayaron su «compromiso con la democracia y el Estado de derecho».
Este jueves, Boluarte reconoció haberse sometido a una cirugía en la nariz, aclarando que no fue por motivos estéticos, sino por razones de salud. La mandataria aseguró que la intervención no afectó su capacidad para ejercer sus funciones y expresó su disposición para ofrecer su historial médico cuando la Fiscalía lo solicite.
El 5 de diciembre, la Fiscalía inició una investigación preliminar a Boluarte por presunta comisión del delito de abandono de cargo y omisión de actos funcionales, al no haber informado al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre su cirugía. Boluarte, por su parte, aseguró que ha sido «muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial» y que, desde hace tiempo, ha sido víctima de un «acoso permanente» con el fin de generar una crisis en su gobierno.
