Madrid, 29 oct.- El juez ha imputado dos nuevos delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación con la contratación de un software para el máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La imputación se formalizó en un auto del juez Juan Carlos Peinado, quien ha citado a Gómez para declarar el 18 de noviembre.
Ampliación de la Investigación
El juez amplía la investigación tras admitir a trámite una querella presentada por la organización ultracatólica HazteOír, que originalmente fue asignada a otro juzgado. A los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que ya se estaban investigando, se suman ahora estos dos nuevos delitos relacionados con la contratación del software.
Sin embargo, el juez ha desestimado investigar otros posibles delitos de administración desleal y malversación de caudales públicos, que también había sugerido HazteOír. Peinado argumentó que no se puede deducir que Gómez tuviera la responsabilidad de administrar o gestionar bienes de la universidad, y destacó que no posee la condición de autoridad o funcionario público necesaria para un cargo de malversación.
Reacciones y Contexto Político
El ministro de Justicia español, Félix Bolaños, se pronunció sobre la situación, asegurando que al concluir la instrucción se demostrará que “no hay nada de nada”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños enfatizó que no hay evidencia, testimonio u opinión del Ministerio Fiscal que respalde las acusaciones, reafirmando su confianza en la inocencia de Gómez.
Por otro lado, la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, criticó a Sánchez y demandó que explique públicamente las acusaciones que rodean a su familia. Gamarra sostuvo que “no hay kilómetros de distancia” que el presidente pueda poner entre su Gobierno y la corrupción, señalando que las investigaciones judiciales están acorralando cada vez más a su entorno.
Detalles de los Delitos Imputados
El juez ha sustentado la acusación de apropiación indebida en el hecho de que Gómez, como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, habría inscrito a su nombre la marca “TSC Transformación Social Competitiva” y el software relacionado, que había sido financiado por empresas, pero destinado exclusivamente a la universidad.
En cuanto al delito de intrusismo profesional, se argumenta que pudo haberlo cometido al redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión destinada a pequeñas y medianas empresas.
El caso ha suscitado una intensa atención mediática y política, siendo un episodio notable en la historia reciente de la política española, donde por primera vez se investiga a la pareja de un presidente del Gobierno por delitos en el ámbito público.
