Lima, 01 Sep.- El Poder Judicial de Perú ratificó la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos que el Congreso impuso al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Vizcarra, quien anunció que buscará revertir la sanción en instancias constitucionales e internacionales, ha señalado su intención de apelar ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Primera Sala Constitucional de Lima confirmó la sentencia emitida en marzo por la jueza Rocío Rabines, quien rechazó la demanda de amparo presentada por Vizcarra. El exmandatario solicitaba que se levante la inhabilitación que le fue impuesta en abril de 2021, tras su presunta vacunación irregular contra la covid-19.
Vizcarra argumentó que se violaron sus derechos a una debida motivación de las resoluciones judiciales y a participar en la vida política de Perú. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que no se evidenciaron actos concretos que afectaran sus derechos constitucionales por parte del Congreso.
La inhabilitación impuesta al expresidente le impidió asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación en las elecciones de 2021. Tras conocerse la resolución, Vizcarra expresó en la red social X su intención de recurrir al TC y a la CIDH, afirmando que confía en que las inhabilitaciones serán levantadas y podrá postular en las elecciones generales de 2026.
Este no es el único proceso legal que enfrenta Vizcarra. También ha recurrido al TC para anular otra inhabilitación de cinco años que le fue impuesta en 2022 por supuestos vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Además, enfrenta un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014) y una acusación penal en el Congreso por la presunta contratación irregular de un cantante durante su mandato.
Estos procesos legales marcan un momento crítico en la carrera política de Vizcarra, quien sigue luchando por revertir las sanciones que pesan en su contra y recuperar su derecho a participar en la vida política del país.
