Caracas, 13 ago.- Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) han advertido este lunes sobre la “grave” situación de los derechos humanos en Venezuela, evidenciada en un reciente pronunciamiento de la misión investigadora de la ONU. Esta misión alertó sobre una “creciente represión” en el país tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que sus registros coinciden con los de la misión de la ONU, los cuales documentan “detenciones arbitrarias, graves violaciones al debido proceso e imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que los sustente en el contexto poselectoral”.
En su comunicado, JEP subrayó que la declaración de la misión “deja al descubierto, una vez más, la grave situación de los derechos humanos en el país” caribeño, y exigió que la represión desatada desde el 28 de julio “se detenga de inmediato” y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Por su parte, la ONG Fundaredes también señaló que la misión de la ONU ha destacado los hechos que “evidencian graves represiones desde las elecciones”, en las que, según el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, un resultado rechazado por la oposición, que insiste en la “victoria” de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Fundaredes exigió el “cese inmediato de la represión y la violencia por parte del Estado”, así como una “investigación exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos y justicia para las víctimas”, además de la “liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente”.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, también expresó su preocupación en la misma línea, afirmando que en Venezuela “ha ocurrido una avalancha de graves violaciones a los derechos humanos a causa de la creciente represión que siguió a las elecciones”.
La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela instó al Gobierno de Maduro a “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos”.
Según el informe de la misión, se registraron “23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego”, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. De estos casos, “18 víctimas fueron hombres de menos de 30 años”.
Las cifras oficiales indican que las protestas contra los resultados electorales, algunas de las cuales derivaron en hechos de violencia, dejaron un saldo de 25 muertos y más de 2.400 detenidos.
