Ginebra, 12 agosto.- La misión de la ONU encargada de investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela ha revelado este lunes que más de cien niños, niñas y adolescentes han sido detenidos y acusados de crímenes graves durante las protestas que siguieron a las recientes elecciones presidenciales.
El grupo ha indicado que los menores enfrentan cargos similares a los de los adultos detenidos, incluyendo terrorismo, conspiración e incitación al odio. Según los informes, estos menores no han contado con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales, lo que contraviene las normas internacionales de protección infantil.
Francisco Cox, jurista de la misión de la ONU, enfatizó la necesidad de que los menores sean tratados de acuerdo con las normas internacionales y que se respete su interés superior.
Situación de las Protestas en Venezuela
El grupo de la ONU ha documentado al menos 23 muertes, mayoritariamente por disparos de armas de fuego, ocurridas entre el 28 de julio y el 8 de agosto durante las protestas. Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha solicitado una investigación exhaustiva sobre estas muertes y ha demandado que se lleve a los responsables a la justicia si se confirma el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades o de civiles armados apoyados por ellas.
Además, la misión ha encontrado discrepancias en las cifras oficiales: mientras la ONU reporta al menos 1.260 personas detenidas, el fiscal general de Venezuela ha señalado que el número es de 2.200, incluyendo 160 mujeres.
Irregularidades en el Proceso Judicial
La misión de la ONU ha denunciado que las detenciones fueron arbitrarias y que los detenidos enfrentaron audiencias telemáticas sumarias en tribunales de Caracas, a pesar de que muchos de los incidentes ocurrieron en otras partes del país. Las imputaciones de terrorismo, conspiración y delitos de odio se realizaron sin pruebas adecuadas y de manera desproporcionada.
Además, se ha reportado que la información a los familiares fue tardía e incompleta, y que hubo obstáculos para el nombramiento de abogados de confianza para los detenidos.
Implicaciones y Demandas Internacionales
La ONU ha instado a las autoridades venezolanas a adherirse a los estándares internacionales y a garantizar el debido proceso para todos los detenidos. La comunidad internacional observa de cerca la situación, exigiendo transparencia y justicia en medio de un contexto de creciente represión y violaciones de derechos humanos en Venezuela.
