Buenos Aires, 5 agosto.- El Gobierno de Argentina ha reglamentado, mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, la reforma del Estado incluida en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto estrella de Javier Milei que fue aprobado por el Congreso a finales de junio.
El portavoz del gobierno explicó que la reglamentación es parte del programa de Milei, quien implementó un plan denominado “motosierra”, el cual ha reducido el gasto público en un 32 % desde que comenzó su gestión el 10 de diciembre pasado.
El Congreso delegó al Ejecutivo facultades en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. El vocero del gobierno, Adorni, señaló que con estas facultades, el Ejecutivo cerrará cualquier organismo que no funcione y privatizará toda empresa estatal que sea posible.
Además, se incorpora un examen objetivo de competencias para ingresar al empleo público, eliminando la discreción de los burócratas en estos nombramientos y endureciendo las sanciones por incumplimiento, incluyendo la descontar el día no trabajado: “Empleado que para, empleado que no cobra”, afirmó Adorni.
La reglamentación también introduce el “silencio positivo” para las autorizaciones de trámites, permitiendo que si el Estado no responde en un tiempo determinado, el solicitante quedará automáticamente autorizado.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó en su cuenta de X que la norma busca acelerar la “motosierra”, implementar un mecanismo “anti-ñoquis” (contra los trabajadores que no trabajan) en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos “anti-coimas” (contra los sobornos).
Sturzenegger indicó que estas facultades permitirán adecuar el tamaño de la administración pública. El primer organismo que se cerrará será el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
El ministro añadió que el silencio positivo ayudará a evitar que los funcionarios pidan sobornos para destrabar trámites y se eliminarán las “multas disciplinantes” al sector privado.
La modificación de la ley de Empleo Público tiene como objetivo mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado. Desde el inicio de la gestión de Milei, ya se han reducido más de 20 mil puestos.
La normativa también prevé que cuando una unidad estatal se elimine o reduzca, el personal pueda ser puesto en disponibilidad y cobrar su sueldo hasta doce meses.
