Managua, 18 may (EFE).- La Arquidiócesis de Managua urgió este sábado a las autoridades de Nicaragua esclarecer la muerte de un nicaragüense con nacionalidad estadounidense asesinado el jueves al recibir un disparo supuestamente de un guardia en una cárcel del país, debido a que existen versiones contradictorias.
“Urgimos a las competentes instancias nacionales e internacionales a que se pongan todos los medios necesarios para llevar a cabo una investigación a cabalidad que esclarezca los hechos”, instó el Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Managua en una declaración.
El ciudadano nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, de 57 años, falleció de un disparo el jueves pasado en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, ubicado 23 kilómetros al noroeste de Managua.
El viceministro de Gobernación nicaragüense, Luis Cañas, señaló que el fallecido recibió un disparo mientras forcejeaba con uno de los centinelas, tras un intento de motín.
El motín ocurrió mientras una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se encontraba con el personal de La Modelo, de acuerdo con la información.
No obstante, la Unión de Presos Políticos de Nicaragua informó que al menos 31 manifestantes convictos resultaron heridos durante ese disturbio, y distribuyó una serie de audios y fotografías filtradas desde el interior de la prisión que presentan una versión diferente de la que dio el Gobierno.
En su declaración, la Arquidiócesis de Managua abrazó el dolor de las madres de las personas asesinadas en medio de la crisis y la de los denominados “presos políticos”.
En ese sentido, refirieron que tampoco pueden obviar las agresiones injustas “contra presos políticos que han sido de nuestro conocimiento por medio del testimonio que ellos mismos han transmitido a sus familiares”.
“Exigimos para ellos condiciones acordes con su dignidad humana y que sean respetados los derechos humanos”, agregaron.
Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado.
Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH también cuenta al menos 809 “presos políticos”, más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
