Redacción, 12 de noviembre.- Los conflictos con los movimientos independentistas no son, ni mucho menos, exclusivos de España (ni de Europa). En el lejano Pacífico, no muy lejos —relativamente— de Australia, un problema del mismo tipo enfrente desde hace décadas a la isla de Bougainville y a Papúa Nueva Guinea, a la que pertenece la primera.
Bougainville forma parte geográfica del extremo norte de la cadena de las Islas Salomón, pero pertenece políticamente a Papúa Nueva Guinea desde la época colonial. La región, habitada por unas 370.000 personas, obtuvo el estatus de región autónoma en 2005, como resultado del acuerdo de paz firmado en 2001 que puso fin a una guerra civil de una década. Ese conflicto, conocido localmente como “la Crisis”, dejó hasta 15.000 muertos y fue motivado en gran parte por las disputas en torno a la mina de cobre y oro de Panguna.
El 23 de noviembre de 2019, los habitantes de Bougainville votaron de manera abrumadora a favor de la independencia: el 98,31% se pronunció por separarse de Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, aquella consulta, acordada en el marco del Acuerdo de Paz de Bougainville de 2001, no tenía carácter vinculante. El texto constitucional exige que el resultado sea ratificado por el Parlamento nacional con una mayoría absoluta de tres cuartas partes, es decir, 89 de los 118 escaños. Y esto aún no ha sucedido.
Ese umbral se ha convertido en el principal obstáculo del proceso. Mientras tanto, los partidos independentistas afirman que la exigencia fue “elaborada unilateralmente” por el Gobierno de Papúa Nueva Guinea y reclaman que se reduzca a los dos tercios que rigen para el resto de las enmiendas constitucionales.
El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, había prometido una votación en el Parlamento antes del 30 de agosto de este año, pero no cumplió la promesa. El plazo volvió a vencer en octubre, y la situación se encuentra congelada. Frente a esa parálisis, el presidente del ABG, el partido independentista de la isla, propone un cronograma de tres etapas: preparación institucional hasta el 1 de septiembre de 2027, un período de autogobierno con mayores competencias hasta 2030 y, finalmente, la declaración de independencia ese año como Estado soberano reconocido por el derecho internacional. El Foro de Consulta de Líderes por la Independencia de Bougainville avaló esa hoja de ruta en julio y recomendó formalmente el 1 de septiembre de 2030 como fecha de la declaración.
Uno de los principales interrogantes sobre la viabilidad de la independencia es económico. Bougainville recauda localmente apenas entre el 5% y el 6% de sus ingresos y depende de las transferencias del gobierno central, que incluso paga los salarios de buena parte de su administración pública. Según cálculos del analista Oliver Nobetau, del Lowy Institute, la independencia le costaría al territorio unos 836 millones de kinas (187 millones de dólares) al año, 16 veces más de lo que genera por sus propios medios.
Para cerrar esa brecha, el Gobierno de Bougainville apuesta por reactivar la mina de Panguna, cuyo cierre en 1989 provocó el conflicto armado. El yacimiento alberga un depósito estimado en 5,3 millones de toneladas de cobre. Pero el proyecto se enfrenta a la oposición de la población cercana. La oposición cuestiona que el Gobierno haya priorizado la minería por sobre otras áreas de preparación institucional, como la educación y los servicios sociales.
