Redacción, 12 de noviembre.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó un informe legal en el que propone ocho vías jurídicas e institucionales para frenar el presunto trabajo forzoso de los médicos enviados por Cuba a Italia.
El organismo no gubernamental busca que las autoridades europeas e italianas actúen de oficio frente a esquemas laborales donde los profesionales de la salud pierden el control sobre sus ingresos y su libertad de movimiento una vez instalados en territorio comunitario.
La tesis central del documento plantea que la firma de un contrato en el país de origen no valida la explotación posterior. Al prestar funciones en suelo europeo, cualquier falta de control convierte al Estado receptor en responsable legal de las condiciones que sufren estos trabajadores.
Por ello, la organización sistematizó los recursos legales disponibles en el bloque continental para que jueces, fiscales y funcionarios comunitarios intervengan de forma inmediata.
Las siguientes dos opciones corresponden a la esfera política de Bruselas. Por un lado, la Comisión Europea tiene la facultad de iniciar un procedimiento de infracción contra Italia ante el Tribunal de Justicia europeo si el país incumple sus deberes de supervisión. Por otro lado, la UE cuenta con su régimen de sanciones individuales, un instrumento que permite congelar cuentas bancarias y prohibir la entrada a territorio europeo a los jerarcas y operadores vinculados al esquema.
En el ámbito judicial, el informe resalta el papel del Grupo de Expertos contra la Trata (GRETA), perteneciente al Consejo de Europa, que evalúa el cumplimiento de las garantías de protección en suelo italiano.
Del mismo modo, la organización defensora recuerda la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde los médicos afectados pueden demandar al Estado anfitrión por omitir su deber de auxilio, bajo una doctrina jurídica consolidada que castiga la pasividad estatal ante el tráfico de trabajadores.
La última herramienta es de aplicación cotidiana en los hospitales. El OCDH insta a que la fiscalía italiana, los Carabinieri y la Inspección Nacional del Trabajo ingresen a los centros de salud para tomar declaraciones confidenciales y fiscalizar los contratos. Esta vía operativa permite brindar asilo o protección legal a los sanitarios sin que dependan de las directivas consulares cubanas.
Esta batería de recursos legales responde a los hechos presentados el pasado 24 de octubre por el OCDH en torno a la misión médica activa en Calabria. Durante una audiencia virtual, la investigadora Annarella Grimal demostró cómo opera la sustracción de recursos a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la empresa estatal que gestiona los acuerdos internacionales.
El informe reveló que las autoridades de Italia pagan 4,700 euros (unos USD 5,076) al mes por cada doctor, pero el régimen cubano solo entrega un máximo de 1,200 euros (alrededor de USD 1,296) en concepto de asignación básica.
